Un nuevo escándalo Político sacude las bases del Pacto Histórico. Al partido de «El Cambio» ya no le cabe un escándalo más de corrupción.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el congresista del Pacto Histórico, David Racero, y el director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Jorge Eduardo Londoño, por presuntas irregularidades en la asignación de cargos en la regional Cesar. La investigación, iniciada tras revelaciones del periodista Daniel Coronell en W Radio y El Tiempo, se basa en audios y mensajes de WhatsApp que sugieren una operación de clientelismo. En estos, Racero habría solicitado reubicar órdenes de prestación de servicios (OPS) previamente ocupadas por miembros del Centro Democrático para beneficiar a personas de su círculo político, incluyendo a su tío, José Luis Mayorca. La Sala Disciplinaria de Instrucción, liderada por el procurador Esiquio Sánchez, ordenó la recolección de pruebas para determinar si hubo manipulación de concursos y vulneración de derechos laborales.

Las conversaciones reveladas muestran a Racero discutiendo con Londoño la asignación de cargos en el SENA. En un mensaje, Racero pregunta: “¿Crees viable que los puestos del Centro Democrático nos los den a nosotros en el Cesar, de OPS?”, a lo que Londoño responde: “Claro que sí, pero déjale alguito a los verdes”. Otro audio compromete a Racero explicando a una persona llamada “Luzma” cómo designar subdirectores encargados para “sacar a los que están” y “poner a los nuestros”. Estas prácticas, según la Procuraduría, podrían implicar tráfico de influencias y concursos amañados, afectando la meritocracia en la entidad. Además, se investiga la participación de José Luis Mayorca, un médico y político del Cesar, en la gestión de estos cargos. La Procuraduría solicitó al SENA un informe sobre las visitas de Mayorca a la regional Cesar y detalles de los concursos realizados en 2024-2025.

El caso se complica con acusaciones adicionales contra Racero. Audios divulgados el 25 de mayo por Coronell muestran al congresista ofreciendo un empleo en su negocio de frutas y verduras en Bogotá, con un salario de un millón de pesos mensuales, sin prestaciones sociales, por 12 horas diarias y un día de descanso semanal. Estas condiciones, contrarias a la legislación laboral colombiana, han generado críticas, especialmente porque Racero es un defensor público de la reforma laboral impulsada por Gustavo Petro. El concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, anunció el 26 de mayo que solicitará al Ministerio del Trabajo y a la UGPP investigar estas prácticas. El ministro Antonio Sanguino confirmó que su cartera iniciará una indagación. Estas revelaciones han puesto en entredicho la coherencia de Racero con los principios de equidad laboral que promueve su partido.

El escándalo ha generado división dentro del Pacto Histórico. El senador Wilson Arias, respaldó la investigación, pero instó a que se garantice el debido proceso. Arias enfatizó que los líderes de izquierda deben actuar con “mayor rigor ético” y que los cargos públicos deben asignarse por méritos, no por afinidad política. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, sin mencionar a Racero directamente, publicó un mensaje en X el 26 de mayo condenando a los “empresarios explotadores” y afirmando que quienes no respeten los derechos laborales no tienen cabida en su movimiento. Este caso se suma a anteriores investigaciones contra Racero, como las iniciadas por la Corte Suprema en octubre de 2024 por presuntas irregularidades en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), donde se le acusó de pedir dinero a asesores y asignar tareas personales a empleados públicos.