El rapto del niño Lyan Hortúa en Jamundí destapó una red de deudas criminales, pactos entre mafias y omisiones del Estado.

El 3 de mayo de 2025, Lyan José Hortúa Bonilla, de apenas 11 años, fue secuestrado en la finca familiar ubicada en Jamundí, Valle del Cauca. La vivienda, rodeada por tres anillos de seguridad, fue vulnerada por cinco hombres armados que ingresaron sin mayor resistencia, intimidaron al personal de servicio y sacaron al menor en cuestión de minutos. Los videos de seguridad muestran la operación con una precisión que deja entrever entrenamiento y conocimiento del terreno. El hecho sacudió a Colombia. En las primeras horas, se manejó la hipótesis de un secuestro extorsivo. Sin embargo, lo que vino después fue una escalofriante revelación que dejó al descubierto las conexiones de esta familia con el mundo del narcotráfico.

Según fuentes de la Policía Nacional y confirmaciones entregadas, el secuestro fue ordenado por Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, uno de los capos más temidos de Colombia, hoy preso en los Estados Unidos. El objetivo inicial del secuestro no era el niño, sino Angie Bonilla (madre de Lyan) o su pareja actual, Jorsuar Suárez. Al no encontrarlos, los sicarios —al parecer inexpertos— optaron por llevarse al menor. Esta acción fue ejecutada por la disidencia Jaime Martínez de las FARC, contratada por Los Rastrojos como brazo armado para ajustar cuentas. La razón: una deuda de 37 mil millones de pesos que Angie Bonilla habría acumulado como supuesta testaferra de Rastrojo y de su expareja y padre del menor, José Leonardo Hortúa, alias Mascota, quien fue asesinado en Cali en 2013.

Alias Mascota era considerado el heredero de Rastrojo. Apodado también “el Mochacabezas”, su historial incluía desmembramientos y control criminal sobre Tuluá. Fue capturado en 2010 en una finca entre Risaralda y el Valle, pero le fue concedida casa por cárcel. En 2013, cuando asistía a una cita odontológica en Cali, fue asesinado. Tras su muerte y la extradición de Rastrojo, el dinero, propiedades y vehículos de lujo que habían quedado bajo la custodia de Bonilla desaparecieron. Esta desaparición habría provocado el “llamado a cuentas” del capo desde prisión, utilizando a sus alfiles regionales para enviar un mensaje brutal.

Durante los 18 días que Lyan estuvo retenido, la familia vivió un calvario. Mientras el país exigía justicia, el Estado guardó silencio. No hubo operativos de rescate. No hubo despliegue militar. No hubo pronunciamiento oficial del presidente ni de ministros. Todo se trató como un secuestro más, cuando en realidad se estaba ejecutando un ajuste de cuentas del crimen organizado en el que el Estado decidió no intervenir. Desde las cárceles, figuras como Pipe Tuluá, Alacrán y Guacamayo —todos viejos conocidos de Los Rastrojos— intervinieron únicamente para garantizar que no se le hiciera daño al menor, pero se mantuvieron al margen de cualquier negociación directa.

Según seconfirmó, la familia de Lyan tuvo que pagar cerca de $4.000 millones de pesos en efectivo. El dinero fue entregado el miércoles 21 de mayo a un emisario de la disidencia Jaime Martínez en la zona urbana de Jamundí. Fue transportado a Ampudia, donde se contaron los billetes uno a uno. Solo entonces, se permitió la liberación del menor. La entrega del niño fue gestionada por la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo. Días antes, el proceso de liberación casi fracasa cuando la disidencia exigió que los padres del niño subieran a una zona rural a hacer un intercambio directo, lo cual fue rechazado por temor. Las ONG se negaron a transportar el dinero, lo que causó fricciones y finalmente su retiro del proceso.

La noche de la liberación, el padrastro de Lyan habló con la prensa en las afueras de la Clínica Valle del Lili, en Cali. Confirmó que el niño había estado amarrado durante los primeros cuatro días y que pudieron hablar con él en dos ocasiones por videollamada. Luego, lanzó una frase que generó polémica: “Yo soy un hombre legal. Tengo mi empresa de joyería hace 12 años. Todo es legal”. Horas después, Jesús Cuadros, primo del padrastro y presunto facilitador en el pago del rescate, fue asesinado en Cali. La familia denunció públicamente su abandono por parte del Estado y anunció que consideran salir del país ante las amenazas.

El caso también dejó al descubierto la presunta red de complicidad institucional. A pesar de las cámaras, la unidad residencial no recibió apoyo inmediato. “Nunca llegó nadie. Nos tocó defendernos solos”, dijo Jorsuar Suárez. No se explicó por qué no hubo presencia militar ni operativos de cerco. Las autoridades sabían que el caso involucraba estructuras de crimen organizado, pero optaron por no intervenir. El Ministerio de Defensa, la Fiscalía y el presidente Petro han guardado silencio. El pago del rescate, lejos de cerrar el episodio, dejó preguntas abiertas: ¿por qué calló el Estado? ¿Por qué los narcos mediaron más eficazmente que la Fuerza Pública? ¿Cuántos otros casos como este permanecen ocultos?

“Nos vimos obligados a pagar un rescate al ver la poca eficiencia de la autoridad y ante la zozobra de que al niño le pudiera pasar algo”, declaró Sebastián Bonilla, tío del menor, tras la liberación.

Este no fue un secuestro. Fue un mensaje. Una advertencia de que los capos siguen mandando y el Estado sigue ausente. Lyan Hortúa fue la víctima visible de una guerra narco que nunca se ha ido, solo se ha transformado. Hoy, el país aplaude que el niño esté a salvo. Pero detrás de esa sonrisa hay millones de pesos, cadáveres, y un sistema que calla, consiente y colapsa.