La Corte Suprema de Justicia cerró el caso por presunto constreñimiento al elector contra Dilian Francisca Toro, al considerar que el proceso prescribió y no existen pruebas para continuar con la acción penal.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, logró una nueva victoria judicial. La Corte Suprema de Justicia decidió precluir la investigación penal que la involucraba por presunto constreñimiento al elector, relacionado con las elecciones regionales de 2015, cuando Toro aspiraba por primera vez a liderar el departamento.

El caso fue originado por la denuncia de Ruvid Palacios Rivas, quien afirmó haber sido contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la ciudad de Cali durante ese año electoral. Según Palacios, fue presionada para conseguir 30 votos a favor de Toro a cambio de renovar su contrato. El testimonio llegó a conocimiento de la Fiscalía, que inició el proceso ante la Sala de Instrucción de la Corte.

Sin embargo, la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema solicitó la preclusión del proceso, argumentando que los términos legales para adelantar la acción penal habían prescrito. Según la ley penal vigente, el límite para investigar estos hechos expiró el 28 de febrero de 2024, justo antes de que el expediente fuera admitido por el alto tribunal.

Aunque se reconoció que los hechos descritos podrían configurar el delito de constreñimiento al sufragante, los magistrados concluyeron que no existía prueba directa que comprometiera penalmente a Dilian Francisca Toro, y que cualquier posibilidad de reactivación judicial había caducado por completo.

“No es posible continuar con la acción penal por vencimiento de términos legales y ausencia de pruebas que permitan estructurar una acusación formal”, indicó la Corte en su decisión.

Este fallo representa un nuevo respaldo institucional para la actual gobernadora, quien ha enfrentado varios procesos penales y disciplinarios en su carrera, la mayoría de los cuales han sido cerrados por falta de pruebas o vencimiento de términos.

La decisión fue notificada a las partes interesadas, y la gobernadora no enfrentará consecuencias judiciales por este caso, que lleva casi una década circulando en los pasillos del sistema judicial colombiano.