El exdirector de la Función Pública, y ficha clave del círculo presidencial, será imputado por delitos de corrupción en el caso de la UNGRD. Otras siete personas también enfrentarán la justicia.

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo golpe político y judicial tras la confirmación de la Fiscalía General de la Nación sobre la imputación de cargos a César Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública y uno de los hombres más cercanos al presidente. Manrique, ya condenado en el pasado por corrupción en la Alcaldía de Bogotá, está involucrado ahora en la estructura criminal detrás del desfalco millonario a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según la Fiscalía, Manrique participó activamente en reuniones y decisiones que derivaron en la repartición de sobornos para influenciar reformas legislativas. El pliego de cargos incluye concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La audiencia ha sido programada para el 20 de mayo de 2025.

La investigación, que destapó una red de corrupción que también salpica a congresistas y contratistas, señala que Manrique fungía como operador político dentro del andamiaje de coimas. Fue mencionado en múltiples ocasiones por testigos clave como Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD, quienes relataron cómo se direccionaban contratos y se distribuían millonarios pagos en efectivo, algunos escondidos en maletas deportivas.

Además de Manrique, otros siete implicados serán imputados: Édgar Riveros Rey, quien habría ofrecido dinero a cambio del silencio de testigos; Sonia Rocío Romeo y Óscar Cárdenas Angulo, contratistas; Édgar Echeverri Toro y Francisco Estupiñán Bravo, de la corporación Yapurutú; y Jorge Aristizábal Rodríguez junto a Ana María Riveros Barbosa, por delitos de lavado de activos.

La Fiscalía sostiene que los recursos desviados estaban destinados a atención humanitaria en regiones como La Guajira, pero terminaron financiando “la compra de gobernabilidad” en el Congreso. El contrato entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras por más de $100.000 millones de pesos fue el eje del saqueo. Según el expediente, “la contratación fue estructurada de forma deliberada para favorecer a la red criminal”.

“César Manrique no actuó como funcionario público, sino como operador de un aparato paralelo dentro del Gobierno, cuya finalidad era corromper el Estado desde adentro”, señala un apartado del documento judicial.

Este escándalo pone en jaque el discurso anticorrupción del “Gobierno del Cambio” y deja una mancha profunda sobre los nombramientos de confianza realizados desde Palacio. Todo esto, a tan solo meses de la votación de la consulta popular que impulsa el Ejecutivo.