La Defensoría del Pueblo respondió con firmeza a las declaraciones del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, quien relacionó a la Guardia Indígena con reclutamiento ilegal de menores. Exige enfoque de derechos y respeto a la autonomía de los pueblos indígenas.

Una nueva polémica entre autoridades distritales y entidades de derechos humanos se desató este fin de semana en Bogotá. La Defensoría del Pueblo, en cabeza de la defensora delegada Iris Marín, lanzó un fuerte pronunciamiento contra las declaraciones del secretario de Seguridad, César Restrepo, quien aseguró que menores de edad estaban siendo “reclutados” por la Guardia Indígena en el Parque Nacional. Aunque Restrepo se retractó parcialmente del término, mantuvo la acusación de “instrumentalización” de niños en protestas.

Los hechos tienen origen en el intento de retoma del Parque Nacional por parte de miembros del pueblo Emberá, quienes exigen el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno nacional. En medio de estas movilizaciones, se identificó la presencia de menores de edad dentro de la Guardia Indígena. La Defensoría intervino para mediar en el retorno de varias familias a sus territorios y, al mismo tiempo, rechazó categóricamente la narrativa que asocia esta estructura ancestral con prácticas ilegales o armadas.

“La Guardia Indígena no es un grupo armado ni es ilegal. Es una forma legítima de organización reconocida por la Constitución y el derecho internacional”, enfatizó la Defensoría. Aclaró que, si bien es obligación de los líderes indígenas garantizar el interés superior de la niñez y evitar que los menores sean expuestos, es inaceptable la criminalización de formas tradicionales de organización como las guardias. Asimismo, recalcó que cualquier actuación sobre derechos de infancia debe ser con enfoque de diversidad cultural y no bajo prejuicios raciales o clasistas.

La institución también llamó la atención al Gobierno Distrital por no garantizar una atención integral y culturalmente adecuada a las comunidades indígenas. “No se trata solo de dar acceso a la oferta institucional, sino de reconocer la ciudadanía plena de los pueblos indígenas, sin prejuicios”, sostuvo Marín. De igual forma, recalcó que si se han vulnerado derechos de niños, deben activarse rutas de restablecimiento bajo el principio de protección, no bajo el de persecución judicial o política.

“La autonomía indígena no autoriza la exposición de niños a escenarios de confrontación, pero tampoco es aceptable que se les compare con grupos armados. La Guardia Indígena es un sistema legítimo de pervivencia cultural”, concluyó la Defensoría del Pueblo en su comunicado oficial.