Disidencias Jaime Martínez raptan a un menor en Potrerito, Jamundí, generando repudio nacional.

El 3 de mayo de 2025, un acto de terror conmocionó a Potrerito, Jamundí: un niño de 11 años fue secuestrado de su hogar por hombres armados y encapuchados de la estructura Jaime Martínez, una disidencia de las FARC liderada por alias Marlon bajo el mando de Iván Mordisco. Según el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, los captores irrumpieron entre las 6:30 y 7:00 p.m., llevándose al menor y a su niñera en el vehículo del padre, un comerciante local. La niñera fue liberada horas después en Villa Colombia, pero el niño permanece cautivo, posiblemente en condiciones inhumanas, como denunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó el acto como “cruzar todos los límites del horror”. La Gobernación del Valle, ofreció $200 millones de recompensa, mientras el Gaula Élite, la Fiscalía y el Ejército desplegaron operativos en una zona rural de difícil acceso, analizando cámaras y testimonios sin exigencias económicas reportadas.

La estructura Jaime Martínez, surgida tras el Acuerdo de Paz de 2016, opera en Valle y Cauca, controlando rutas de narcotráfico y extorsión. En 2024, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por su presencia en Potrerito, donde perpetran masacres, como la de cuatro hombres en 2023, y reclutan menores. El asesinato del líder Yeri Gaitán en Villa Colombia, reportado por Semana, llevó al 90% de la Junta de Acción Comunal a renunciar, evidenciando el colapso del tejido social. En 2025, Jamundí ha enfrentado ataques con explosivos, como el de abril en Potrerito, y secuestros previos. La gobernadora Toro y la personera Martha Gutiérrez exigen más apoyo nacional, pero la respuesta del gobierno de Petro, enfocado en la “paz total”, es insuficiente.

Este secuestro no es solo un crimen; es un desafío al Estado y una tragedia que desnuda la vulnerabilidad de los niños en zonas de conflicto. La Jaime Martínez, con su historial de violencia—desde carros bomba en 2023 hasta el reclutamiento de menores vía emisoras clandestinas—opera con impunidad en un Jamundí donde la presencia estatal es mínima. La retórica de Petro, que defiende diálogos con disidencias, choca con la realidad de un menor cautivo, posiblemente vendado, y una comunidad aterrorizada. La recompensa de $200 millones y los operativos del Gaula son medidas urgentes, pero no abordan las causas estructurales: pobreza, narcotráfico y abandono estatal. Mientras Potrerito llora, Colombia enfrenta una pregunta ineludible: ¿puede un gobierno que negocia con grupos armados proteger a sus ciudadanos más vulnerables, o está condenado a repetir estas tragedias?