Análisis detallado de las afirmaciones realizadas durante el Consejo de Ministros del 25 de marzo de 2025, enfocadas en la crisis del sistema de salud en Colombia.

El 25 de marzo de 2025, el presidente Gustavo Petro lideró un Consejo de Ministros televisado, centrado en la crisis del sistema de salud colombiano. Acompañado por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; el superintendente de Salud, Giovanny Rubiano; y el director de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), Félix Martínez, se abordaron temas como el origen del modelo de salud actual, las inversiones gubernamentales en el sector y las deudas pendientes con las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Sin embargo, diversas afirmaciones realizadas durante la sesión han sido objeto de escrutinio y debate público.​

Una de las declaraciones más controvertidas provino del presidente Petro, quien afirmó que el sistema de salud colombiano es una copia de los modelos de Estados Unidos y del Chile de Pinochet. Esta aseveración ha sido cuestionada por expertos en salud. Andrés Vecino, investigador en salud, explicó que el modelo colombiano, implementado en 1993 bajo la Ley 100, se basa en un «pluralismo estructurado» que involucra tanto al Estado como a actores públicos y privados en funciones de regulación, financiamiento y prestación de servicios. Este enfoque difiere significativamente del sistema estadounidense, caracterizado por un aseguramiento privado sin esquema de competencia regulada y sin beneficios homogéneos para todos. En cuanto al modelo chileno, aunque existen similitudes en las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), la solidaridad y protección financiera en Colombia son mayores, reflejadas en un menor gasto de bolsillo por parte de los ciudadanos.

Durante el Consejo, se destacó que el Gobierno actual ha incrementado el presupuesto destinado a la salud. Según las cifras presentadas, el presupuesto del Ministerio de Salud pasó de $40,89 billones en 2022 a $65,06 billones en 2025, evidenciando incrementos anuales significativos. Sin embargo, especialistas advierten que, aunque estos aumentos son reales y cumplen con mandatos constitucionales que exigen incrementos en rubros sociales, no necesariamente garantizan la suficiencia de recursos para sostener el sistema de salud y atender adecuadamente a la población. Factores como el envejecimiento poblacional, la incorporación de nuevas tecnologías y el aumento en la frecuencia de uso de servicios médicos influyen en la demanda de recursos, y el incremento presupuestal podría no ser suficiente para cubrir estas necesidades crecientes.

Otro punto abordado fue la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado para la prestación de servicios de salud. Se evidenció un crecimiento en la UPC, pasando de $31,4 billones en 2015 a $83,3 billones en 2024. No obstante, expertos señalan que el incremento en la UPC no siempre refleja una financiación adecuada del sistema. Variables como la frecuencia de uso de los servicios, los costos asociados a la prestación y las características demográficas de la población afectan la suficiencia de estos recursos. Por ejemplo, en años como 2011, 2015, 2018 y 2021, la inflación superó el incremento de la UPC, lo que indica que, pese a los aumentos nominales, el poder adquisitivo real para cubrir los servicios de salud pudo haberse visto reducido.

En relación con las deudas pendientes con las EPS, el director de la Adres, Félix Martínez, afirmó que actualmente no se adeuda dinero a estas entidades. Sin embargo, reconoció la existencia de $400.000 millones en reconocimientos pendientes, correspondientes a presupuestos máximos de 2022, cuyo pago está programado en los meses siguientes. Esta situación ha generado inquietudes en el sector, ya que las deudas acumuladas pueden afectar la operatividad de las EPS y, por ende, la prestación de servicios a los ciudadanos. La Corte Constitucional ha intervenido en este asunto, ordenando el pago de estas obligaciones para garantizar la continuidad y calidad en la atención en salud.​

«La evidencia es que los precios esperados en 2022 fueron del 3 %, pero terminaron en un 12 %», señaló Andrés Vecino, resaltando las discrepancias entre las proyecciones y la realidad inflacionaria que impacta la financiación del sistema de salud.