La Fiscalía presentará cargos contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la UNGRD que involucra pagos millonarios a congresistas.

Carlos Ramón González, quien fuera uno de los funcionarios de confianza del presidente Gustavo Petro, vuelve al ojo del huracán luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que tiene pruebas suficientes para imputarlo por el delito de tráfico de influencias en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El documento conocido por varios medios nacionales indica que González habría ordenado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, entregar millonarios sobornos a congresistas a cambio de respaldo político.

De acuerdo con la información, González habría instruido a López para asegurar contratos y apoyo legislativo mediante el pago de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Estas entregas se habrían realizado entre el 12 y el 14 de octubre de 2023, en Bogotá y Montería respectivamente, luego de reuniones previas en las que se pactaron los términos. La información fue obtenida gracias a registros telefónicos, mensajes de texto, audios, registros bancarios y localizaciones georreferenciadas que la Fiscalía recopiló como evidencia.

Los hallazgos han generado conmoción. Según reveló el diario El Colombiano, los pagos se habrían gestado desde septiembre de 2023, cuando González, aún en funciones en el Dapre, se reunió con López en el Palacio de Nariño. Estos encuentros también están respaldados por grabaciones y testigos. Además, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) detectó movimientos sospechosos en cuentas bancarias a nombre de González, con transacciones superiores a $1.300 millones en un solo día, además de depósitos en efectivo sin justificar.

En medio de la investigación, el abogado defensor de González, Iván Cancino, negó que su cliente haya cometido delito alguno y descartó que esté solicitando asilo político en el extranjero, a pesar de su salida reciente del país. «No hay evidencia directa que lo comprometa», afirmó. También recalcó que su cliente tiene problemas de salud que están bajo seguimiento, pero que no lo incapacitan para enfrentar el proceso judicial. No obstante, la presión mediática y política sigue creciendo ante la gravedad de las revelaciones.

«El 25 de septiembre, López Martínez se reunió con el presidente de la Cámara en la sede de la UNGRD para concretar la entrega del dinero. El desembolso se materializó en Bogotá los días 12 y 13 de octubre de 2023 para el Senado, mientras que el pago al presidente de la Cámara se efectuó el 14 de octubre en su residencia en Montería», afirma el documento de la Fiscalía.