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Desde hace cuatro años, la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo sobre la presencia del ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en la ciudad fronteriza.
Cúcuta vive una de sus peores crisis de seguridad, tras una ola de atentados con explosivos y ataques armados perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La noche del miércoles 21 y la madrugada del jueves 22 de febrero, varios sectores de la capital de Norte de Santander fueron blanco de atentados que dejaron al menos seis heridos.
Las autoridades ofrecieron hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables. Sin embargo, lo ocurrido no es sorpresa: desde 2020, la Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas tempranas sobre la expansión de grupos armados ilegales en la región, sin que el Estado haya tomado acciones contundentes.
El último informe de la Defensoría, emitido el 19 de diciembre de 2024, alertó sobre la presencia y disputa territorial de tres grandes actores criminales en Cúcuta y su área metropolitana:
ELN: Control territorial, desplazamientos forzados, secuestros, homicidios y extorsiones.
Disidencias de las FARC – Frente 33: Enfrentamientos con el ELN por el dominio de corredores estratégicos para el narcotráfico.
Clan del Golfo: Expansión de operaciones ilícitas y consolidación de redes de extorsión.
Además, en la ciudad operan organizaciones criminales transnacionales como Tren de Aragua, AK-47, Autodefensas Unidas Colombo-Venezolanas y La Línea, que han convertido la región en un campo de batalla por el control de economías ilegales.
“La falta de una respuesta coordinada y efectiva entre Colombia y Venezuela ha permitido que estos actores operen con impunidad, lo que perpetúa la violencia, el contrabando y la explotación en esta región fronteriza”, advirtió la Defensoría en su informe.
Los recientes ataques se dieron en un contexto de conmemoración del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, un ala de la guerrilla dedicada a acciones terroristas en ciudades. Entre los ataques registrados se encuentran:
Las autoridades analizan la posibilidad de decretar un toque de queda de 48 horas en Cúcuta para intentar contener la escalada violenta y proteger a la población civil.
Mientras tanto, los habitantes de la ciudad fronteriza exigen respuestas. “Se olvidaron de Norte de Santander”, es el reclamo generalizado de los ciudadanos ante la falta de acciones efectivas por parte del Gobierno Nacional.
