El informe del Ministerio de Defensa muestra cifras optimistas sobre la seguridad en Colombia, pero la Fiscalía revela que los números reales cuentan otra historia.

Un informe reciente de la Fiscalía General de la Nación ha sacudido la credibilidad del Ministerio de Defensa, al revelar cifras que contradicen el discurso oficial del Gobierno sobre seguridad en Colombia. Mientras la administración de Gustavo Petro sostiene que la criminalidad ha disminuido, los datos de la Fiscalía muestran que la realidad es muy distinta, especialmente en secuestros, extorsión, hurtos y masacres.

El Ministerio de Defensa, en su informe titulado Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales, afirmó que en 2024 hubo una reducción del 13% en el número de víctimas de masacres, pasando de 366 casos en 2023 a 299 en 2024. Sin embargo, la Fiscalía reveló que la cifra real de víctimas es de 374, lo que representa un aumento y no una reducción. Este hallazgo pone en entredicho la metodología utilizada por el Gobierno para medir la seguridad en el país.

En materia de secuestros, la diferencia entre los reportes oficiales es abismal. El Ministerio de Defensa aseguró que en 2024 hubo 290 víctimas de secuestro en 231 casos, mientras que la Fiscalía reportó 2.426 secuestros en total, incluyendo 656 casos de secuestro extorsivo. Esta diferencia del 300% pone en evidencia que el Gobierno estaría presentando cifras maquilladas o incompletas para proyectar una mejora inexistente.

«Cuando se quiere conocer realmente cuál es el número de delitos y el desempeño de las tasas delictivas, hay que ir a revisar a la Fiscalía General de la Nación, no a la Policía», declaró el exfiscal Néstor Humberto Martínez, al explicar que las cifras oficiales del Gobierno solo reflejan denuncias virtuales en la plataforma ADenunciar y no el panorama completo de criminalidad en el país.

El hurto, la extorsión y las agresiones también presentan inconsistencias graves en las cifras oficiales. Según el Ministerio de Defensa, en 2024 hubo 12.334 casos de extorsión, mientras que la Fiscalía reportó 15.802, una diferencia de más de 3.400 casos. En cuanto al hurto y violencia intrafamiliar, las cifras del Gobierno muestran una disminución, pero la Fiscalía evidencia un aumento progresivo en estos delitos.

La discrepancia entre los datos del Gobierno y los de la Fiscalía plantea serias dudas sobre la transparencia en el manejo de la información oficial, especialmente en un país donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. Mientras el Ministerio de Defensa sigue sosteniendo que hay avances en la reducción de delitos, la realidad de los colombianos y los datos de la Fiscalía indican lo contrario.