El hijo del presidente Gustavo Petro busca levantar restricciones de movilidad mientras la Fiscalía advierte que podría huir del país.
El caso de Nicolás Petro, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sigue tomando giros inesperados. Según fuentes judiciales consultadas por SEMANA, el hijo del presidente Gustavo Petro estaría explorando la posibilidad de solicitar asilo en un país sin tratado de extradición con Colombia, argumentando que su proceso judicial es una persecución política. Aunque su abogado lo niega, la Fiscalía sigue de cerca sus movimientos.
En una audiencia reciente, Nicolás Petro pidió levantar la restricción que le impide salir de Barranquilla, asegurando que necesita moverse por el país para trabajar. Sin embargo, la Fiscalía teme que esta solicitud sea una estrategia para huir de Colombia, ya que en su entorno más cercano se habría planteado la posibilidad de asilarse bajo el argumento de persecución política. En su defensa, Petro ya presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que el Estado colombiano ha abusado de su poder punitivo en su contra.
«Quiero aclarar que no estamos pidiendo que se permita a Nicolás salir del país, no busca asilo ni evadir la justicia, lo que buscamos es justicia y mostrar cómo se instrumentalizó la Fiscalía como arma política», declaró su abogado Alejandro Carranza, quien enfatizó que el hijo del mandatario ha sido víctima de filtraciones y persecuciones mediáticas.
Las investigaciones contra Nicolás Petro no se detienen. La Fiscalía está explorando nuevos delitos como peculado por apropiación interviniente, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contratos sin lleno de requisitos. Además, la denuncia que él mismo presentó contra el Gobierno podría ser usada como justificación para solicitar protección internacional, algo que ya han hecho en el pasado otros políticos investigados en Colombia.
El panorama legal de Nicolás Petro sigue siendo incierto. Tres equipos de abogados han pasado por su defensa en dos años, sin que hasta ahora se defina su situación judicial. Mientras tanto, las autoridades están alerta ante una posible fuga, y en los próximos días se espera una nueva audiencia que podría marcar un punto de quiebre en este mediático proceso.
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