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En un avance significativo hacia la reparación de las víctimas del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Fiscalía General de la Nación y otros organismos relevantes investigar el paradero de 546 integrantes de la Fuerza Pública desaparecidos durante el conflicto armado interno en Colombia.
La orden, emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, incluye también a la Sección de Investigación Criminal (SIJIN), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal, quienes deberán remitir toda la información disponible para avanzar en la localización de estas personas.
El Ministerio de Defensa, en su informe de diciembre de 2024, detalló que entre los desaparecidos se encuentran:
La información incluye nombres, números de identificación y regiones donde ocurrieron las desapariciones, lo que representa un avance crucial en el esclarecimiento de estos casos, aunque la mayoría de los detalles permanecen bajo reserva judicial.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez destacó la importancia de determinar el número exacto de agentes desaparecidos para garantizar los derechos de las víctimas y sus familias. Además, hizo un llamado a organizaciones de derechos humanos, entidades estatales y sociales, y a la Organización Humanitaria Reencuentros (conformada por firmantes del Acuerdo de Paz de 2016) para que aporten información relevante que ayude en esta misión.
“La búsqueda de los desaparecidos no es solo un acto de justicia, sino un deber ético con quienes dejaron un vacío irreparable en sus familias y en la sociedad”, afirmó Sánchez durante una audiencia de seguimiento.
Garantizar justicia y reparación
El objetivo principal es avanzar en la identificación y entrega digna de los desaparecidos, garantizando los derechos fundamentales de las víctimas y contribuyendo al fortalecimiento de la reconciliación nacional. Esta decisión se enmarca en las medidas adoptadas por la JEP para esclarecer hechos del conflicto armado y garantizar los derechos a la memoria y la verdad.
