El Gobierno Petro y el Muelle 13 de Buenaventura: ¿Crisis artificial para el control estatal?

El Muelle 13 en Buenaventura, un terminal portuario crucial para la economía del Valle del Cauca, enfrenta una parálisis de más de diez días debido a la orden de suspensión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La medida ha provocado un impacto significativo en las operaciones portuarias y una discusión nacional sobre su administración. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha reiterado su intención de que este terminal sea gestionado por el Estado, argumentando que fortalecería la industria pesquera, naviera y astillera en la región.

Según dice el gobierno Petro, el contrato de arrendamiento con el Grupo Portuario, firmado en 1997 y concluido el pasado 6 de enero, no cumplía con los estándares actuales de regulación. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló irregularidades en la gestión ambiental del puerto, declarando:

“Aquí hay un descontrol ambiental, hay una violación de derechos a la población de Buenaventura y una situación altamente irregular.”

Además, una auditoría realizada por la Contraloría General en 2023 reveló deficiencias en la infraestructura del muelle, así como en las inversiones destinadas a su mantenimiento. Las autoridades recalcaron que la operación requiere una licencia ambiental completa y no un simple plan de manejo ambiental.

Mientras se aclara la situación, más de 6600 toneladas de mercancía permanecen retenidas en las bodegas del puerto, afectando a 11 importadores de granos esenciales para la industria de concentrados animales. El gerente del Muelle 13, César Restrepo, denunció que 400 trabajadores han sido impactados por el cese de operaciones, aunque el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexánder López, minimizó el impacto alegando que los trabajadores son rotados entre otros 15 muelles de la región.

Desde el Muelle 13 también se han denunciado pérdidas significativas para empresas locales y exportadores. Sin embargo, el gobierno insiste en que la medida busca priorizar los derechos ambientales y la transparencia administrativa.

El puerto, que ha sido un eje clave para el transporte de fertilizantes, maíz y otros insumos, ahora se encuentra en un limbo operativo que afecta tanto a la región como a los actores económicos. Las próximas medidas del gobierno serán oficializadas mediante decretos presidenciales el lunes 20 de enero.