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El concejal Daniel Briceño acusó a Marcela Portilla de recibir contratos del gobierno mientras lo atacaba en redes sociales. Portilla se defiende y denuncia amenazas de muerte.
La controversia se encendió este 20 de diciembre cuando el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, miembro del partido Centro Democrático, denunció que la influenciadora digital Marcela Portilla, conocida por su afinidad al gobierno del presidente Gustavo Petro, fue contratada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Briceño aseguró que Portilla lo ha atacado constantemente en redes sociales, mientras recibía un contrato público con un valor de $5.590.000.
El contrato 2554 de 2024, firmado por Portilla, establece que su función era apoyar en la difusión de campañas de comunicación relacionadas con la Red Nacional de Protección al Consumidor. Este vínculo contractual tuvo una duración de un mes y doce días, iniciando el 1 de noviembre y finalizando el 12 de diciembre.
Briceño cuestionó el uso de recursos públicos para pagar a quienes considera “bodegueros” del gobierno. En su perfil de X, afirmó:
“Llevo meses recibiendo ataques y difamaciones de la influenciadora petrista Marcela Portilla… Hoy sabemos que es contratista de Cielo Rusinque en la SIC, coordinando y difundiendo ‘campañas de comunicación’.”
Miembros del Centro Democrático, como el representante a la Cámara Andrés Forero, respaldaron a Briceño, calificando la situación como un mal uso de los impuestos de los colombianos.
Portilla respondió asegurando que se encuentra amenazada de muerte y que la publicación de su contrato expone aún más su seguridad. Según la activista, Briceño habría difundido datos sensibles que podrían facilitar ataques contra ella y su familia.
En su cuenta de X, Portilla manifestó:
“Acabo de poner al tanto a la fiscal que lleva mi caso. El concejal @Danielbricen publica mis datos personales aun sabiendo que estoy amenazada de muerte. Claramente, a mí me están persiguiendo.”
Portilla también señaló que cuando ella denunció presuntos contratos de la familia de Briceño, evitó divulgar información sensible, resaltando lo que considera un doble estándar por parte del concejal.
El caso ha generado un intenso debate sobre la relación entre activistas digitales y el gobierno, así como sobre el uso de recursos públicos para contratos que involucran figuras mediáticas. Briceño ha señalado que Portilla ha liderado una campaña de desprestigio en su contra, mientras la influenciadora insiste en que es víctima de una persecución sistemática.
Por otro lado, Portilla anunció que llevará el caso a la Fiscalía, buscando protección ante las amenazas que asegura estar recibiendo.
