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La Defensoría del Pueblo presentó un balance devastador sobre la situación humanitaria en Colombia en lo que va de 2026. Según el informe, se han registrado 40 eventos de desplazamiento forzado masivo que han impactado a 7.768 personas, y 26 eventos de confinamiento que han dejado a 39.807 colombianos sin posibilidad de moverse libremente, sin acceso adecuado a alimentos, salud ni educación.
Los departamentos más afectados son Magdalena, con 1.960 víctimas de desplazamiento, y Cauca, donde 9.300 personas han sido confinadas. Solo en marzo se documentaron 13 desplazamientos (1.662 personas) y 12 confinamientos (18.862 personas), con fuerte incidencia en Nariño, Chocó y Norte de Santander. Las cifras confirman que los grupos armados ilegales,Clan del Golfo, ELN, disidencias de las FARC y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, han cambiado de estrategia: en lugar de desplazar masivamente a las comunidades, las encierran en sus territorios para mantener control absoluto y seguir financiando sus economías ilícitas a través del narcotráfico y la minería ilegal.
La Defensoría alertó que estas acciones se ejecutan mediante amenazas, incursiones armadas, homicidios selectivos y el reclutamiento forzado de menores de edad. Los insurgentes imponen restricciones a la movilidad y bloquean el acceso a servicios básicos, generando un sufrimiento silencioso que muchas veces no llega a los titulares nacionales.
Este panorama es la consecuencia directa y previsible de la política de «paz total» impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Lejos de desarmar a los violentos, la estrategia de diálogos, ceses al fuego unilaterales y concesiones territoriales ha permitido que estos grupos se fortalezcan, recluten y expandan su control sobre regiones enteras del país. Mientras el Ejecutivo habla de «paz», las comunidades del suroccidente, el Caribe y el oriente colombiano viven bajo el yugo del terror armado.
La Defensoría del Pueblo ha sido clara: los grupos armados ilegales están usando el confinamiento como herramienta de dominación para no perder el control de las economías ilegales que los financian. Esta realidad desmiente la narrativa oficial de que la violencia es «estructurada» o residual. Se trata de una escalada deliberada de grupos que se han beneficiado de la debilidad estratégica del Estado bajo el actual gobierno.
Los colombianos del común, especialmente en las zonas más apartadas, son los que pagan con su libertad, su seguridad y sus vidas el experimento ideológico de la «paz total». Mientras Petro y sus aliados celebran supuestos avances en los diálogos, la Defensoría registra miles de personas confinadas y desplazadas, con menores siendo reclutados y comunidades enteras sometidas al terror.
La situación exige una respuesta firme del Estado, no más negociaciones que solo dan oxígeno a los criminales. Las cifras de la Defensoría son un llamado de alerta urgente: la “paz total” no ha traído paz, ha traído más control territorial por parte de los grupos armados y más sufrimiento para la población civil.
