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Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hasta hace poco considerada la mano derecha de Gustavo Petro, amplió ante la Fiscalía su denuncia contra el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y entregó elementos de prueba que incluyen números de teléfono y cuentas bancarias a las que supuestamente le exigían consignaciones de dinero.
Según reveló Caracol Radio, Rodríguez presentó esta información en el marco de la denuncia que interpuso contra Carrillo, Juliana Guerrero y un privado de la libertad. La exfuncionaria, quien actualmente dirige el Fondo Adaptación, insistió en que Carrillo la habría mandado espiar y que posteriormente un hombre desde una cárcel le exigía altas sumas de dinero a cambio de no hacer públicas supuestas conversaciones.
Rodríguez aseguró que tiene chats y un video que demostrarían estas intenciones. En las imágenes que describió, Carrillo habría mencionado que «la acción del Caballo de Troya siempre funciona» y habría confirmado que solo contaba con esa persona como espía cerca de su oficina. La exdirectora del Dapre calificó los hechos como «concierto para delinquir» y «espionaje» con el objetivo de «exterminarla».
Por su parte, Carlos Carrillo negó rotundamente las acusaciones y las calificó como «irresponsables, falaces» y motivadas políticamente.
Rodríguez también arremetió contra Juliana Guerrero, a quien señaló de tener presuntos vínculos con el ELN y de ser «la que maneja el poder en muchas entidades». Afirmó que Guerrero se ufanaba de esas relaciones y que, tras denunciar que no tenía los títulos profesionales de manera legal, se convirtió en su «peor enemiga». Según Rodríguez, Guerrero tendría un «delirio» por el poder y el dinero, y se atrevería a intervenir en entidades para decidir contrataciones.
El abogado penalista Andrés Arteaga explicó que las exigencias económicas para no divulgar información configuran el delito de extorsión, que contempla penas de 16 a 24 años de prisión. Sobre las supuestas amenazas, indicó que el delito requiere una conducta idónea para generar temor, con penas entre 4 y 8 años.
Las denuncias de Angie Rodríguez han puesto en evidencia la profunda guerra interna que vive el gobierno de Gustavo Petro. Lo que empezó como una disputa por poder entre altos funcionarios se ha convertido en una cadena de acusaciones graves que involucran espionaje, extorsión y presuntos vínculos con grupos armados ilegales, todo ello en el corazón del Ejecutivo.
