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            Publicado por admin on abril 24, 2026
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            El gobierno de Gustavo Petro firmó un millonario contrato con la Imprensa Nacional, Casa da Moneda de Portugal para producir 1,5 millones de libretas de pasaportes anuales durante diez años, con un costo mínimo de €255 millones (más de $1,3 billones de pesos). Aunque el acuerdo se vendió como «nacionalización” y “control estatal», el 89% de las libretas en blanco llegan de una empresa francesa (IN Group) y solo el 11% de Portugal. El presidente había asegurado públicamente que «ya se producen en Colombia».

            El gobierno de Gustavo Petro acumula otro escándalo que desnuda la distancia abismal entre su retórica nacionalista y la cruda realidad de sus decisiones. Colombia se comprometió a pagar a la Imprensa Nacional, Casa da Moeda (INCM) de Portugal por la producción de 1,5 millones de libretas de pasaportes cada año durante una década, es decir, 15 millones de documentos en total. El costo mínimo anual es de €25,5 millones (aproximadamente $110.000 millones de pesos), lo que suma €255 millones en diez años, más una garantía de primer requerimiento de €6,375 millones y un presupuesto proyectado por la Imprenta Nacional de Colombia que supera los $1,3 billones de pesos.

            El convenio, formalizado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia con Portugal como aliado principal, incluye la participación de la empresa francesa IN Group. Según el acta de inspección de la Procuraduría del 23 de abril, de 66.400 libretas en blanco encontradas, el 89% llegaron de París y solo el 11% de Lisboa. Es decir, a pesar de que el contrato se firmó con Portugal y solo permite la intervención francesa en casos de “emergencia”, la producción masiva se está tercerizando en Francia sin que exista ninguna contingencia declarada.

            Esto contradice de manera flagrante lo que el propio presidente Petro afirmó públicamente en marzo: «Ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y los producimos». El Colombiano reveló en su momento que las libretas no se fabrican en Colombia, sino que llegan desde Portugal (y ahora mayoritariamente desde Francia). La Imprenta Nacional, en un comunicado emitido este lunes por su presidenta Viviana León, insiste en que se trata de una «transición tecnológica necesaria» para que el Estado asuma gradualmente el control total. Sin embargo, la transición parece consistir en pagar durante diez años en euros a proveedores extranjeros mientras se promete «fortalecer la capacidad nacional».

            El abogado Nicolás Dupont interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para frenar el esquema, argumentando improvisación y posible vulneración de derechos colectivos. Mientras el tribunal estudia el caso, la Imprenta Nacional defiende que las 1.500 libretas iniciales eran solo «muestras técnicas» y que las visitas de la Procuraduría son «procedimientos preventivos habituales».

            El fondo del asunto es más grave que una simple discusión técnica. El gobierno retiró el contrato anterior a la empresa Thomas Greg con el argumento de que la producción debía ser estatal y «nacional». En la práctica, reemplazó un proveedor privado por un esquema internacional que compromete al país durante una década completa, genera pagos en euros y depende mayoritariamente de una empresa francesa. Todo ello en medio de una crisis de pasaportes que ha afectado a miles de colombianos y ha generado denuncias por «nómina paralela» en la Cancillería.

            Este es el estilo clásico del petrismo: vender una narrativa nacionalista y anti-imperialista mientras se firman contratos millonarios con el exterior, se pagan en divisas fuertes y se compromete el presupuesto futuro de los colombianos. La «transición tecnológica» suena muy moderna, pero en los hechos significa seguir dependiendo de proveedores extranjeros, solo que ahora con un contrato de diez años y una factura mucho más alta.

            Mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decide si suspende el esquema, los colombianos que necesitan pasaporte siguen sufriendo demoras y el país asume un compromiso financiero a largo plazo que contrasta con la retórica oficial de «soberanía» y «control estatal». Una vez más, la izquierda en el poder promete nacionalizar y termina tercerizando, promete austeridad y termina gastando en euros, promete transparencia y termina envuelta en comunicados defensivos y acciones judiciales.

            El caso de los pasaportes no es un detalle administrativo. Es la muestra de un gobierno que improvisa, miente y compromete el futuro del país con contratos millonarios mientras critica a la «derecha» y al «neoliberalismo». Los colombianos pagan la factura, literal y figuradamente.

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