Menu
Paloma Valencia, candidata presidencial, volvió a demostrar la valentía que tanto escasea en la política colombiana actual. En una denuncia pública y sin victimizarse, la senadora reveló que el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el director de la Policía Nacional, le informaron oficialmente sobre un plan concreto para asesinarla.
Según la información entregada por las más altas autoridades de seguridad del Estado, el Frente 42 de las disidencias de las FARC, comandado por un sujeto conocido como «Buche Tula», recibió dos mil millones de pesos para ejecutar el atentado contra su vida. Valencia no dudó en señalar la causa: su oposición frontal y sin matices a la fallida «paz total» del petrismo, esa política que ha permitido que grupos narcoterroristas se fortalezcan, controlen territorio y ahora se atrevan a poner precio a la cabeza de una precandidata presidencial.
«La información que tenemos es que es el Frente 42 de las FARC, con un sujeto conocido como ‘Buche Tula’, que le pagaron dos mil millones de pesos para que me asesinen», declaró la congresista. A pesar de la gravedad de la amenaza, Valencia denunció que no ha recibido refuerzos adicionales en su esquema de seguridad. Aun así, dejó claro que no se esconderá: «No estamos ni para pedir más garantías de las que ya hemos pedido ni para victimizarnos, estamos para decirle a los colombianos que la firmeza en el carácter sí la tienen las mujeres y que no vamos a salir a escondernos». Anunció que continuará su campaña en el suroccidente del país, la misma región donde las disidencias y otros grupos armados han consolidado su «gobernanza ilegal» bajo la mirada complaciente del gobierno.
La candidata fue aún más lejos y dejó una promesa clara: si llega a la Presidencia, su primer decreto será reactivar todas las órdenes de captura contra los cabecillas de los grupos guerrilleros y narcoterroristas. Un mensaje directo al corazón del proyecto petrista, que ha preferido negociar, conceder y legitimar a los mismos violentos que hoy amenazan la vida de sus opositores.
Semanas atrás ya habían circulado en redes sociales imágenes de Paloma Valencia con una corona fúnebre, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez había advertido públicamente sobre un complot del ELN en su contra. Ahora la amenaza se materializa con información oficial del propio gobierno. El mensaje es escalofriante: bajo la «paz total» de Petro, los grupos armados ilegales no solo se fortalecen territorialmente, sino que se atreven a señalar y perseguir a quienes representan una alternativa democrática y de mano dura contra el terrorismo.
Este episodio no es un hecho aislado. Es la consecuencia lógica de una «paz total» que nunca desarmó a nadie, que debilitó a las Fuerzas Armadas y a la Policía, y que ha convertido a Colombia en un país donde los violentos deciden quién puede hacer política y quién debe callar o morir. Mientras Petro y sus ministros hablan de «diálogo» y «reconciliación», las disidencias de las FARC ponen precio a la cabeza de una mujer que se atreve a decir que la paz verdadera se construye con firmeza, no con concesiones.
Paloma Valencia ha elegido la valentía. No se victimiza, no pide escondites y sigue recorriendo el país. Su denuncia es un acto de coraje en medio de un clima de violencia que el petrismo ha contribuido a alimentar con su debilidad estratégica y su obsesión ideológica por negociar con criminales.
Los colombianos que aún creen en una Colombia segura y en un Estado que no negocia con sus enemigos tienen en Paloma Valencia una voz que no se doblega. Mientras las disidencias de las FARC ofrecen 2 mil millones de pesos por su vida, ella ofrece reactivar las órdenes de captura y recuperar el monopolio de la fuerza que el Estado ha perdido bajo este gobierno.
La amenaza contra Paloma Valencia no es solo contra una candidata. Es contra la democracia misma y contra cualquiera que se oponga al proyecto de izquierda radical que hoy gobierna Colombia. El hecho de que sea el propio gobierno quien le confirme la amenaza dice todo lo que hay que saber sobre el nivel de deterioro de la seguridad nacional.
