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Una bomba explotó en el corazón del sistema de salud colombiano. Siete funcionarios de alto nivel de la Superintendencia Nacional de Salud denunciaron formalmente ante la Procuraduría General de la Nación que la intervención del Gobierno Petro a Nueva EPS, la entidad con más de 11 millones de afiliados, se habría realizado de manera ilegal, saltándose todos los protocolos establecidos por la ley y el reglamento interno de la entidad.
La denuncia, radicada el 14 de abril de 2026, está respaldada por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud y firmada por la superintendente delegada (e), el director de Medidas Especiales, la directora de Inspección y Vigilancia, y cuatro coordinadores de grupos jurídico, técnico-científico, financiero y de despacho. Siete voces con nombre propio y firma que no dejan espacio para dudas: la superintendente ad hoc Luz María Múnera habría tomado la decisión de intervenir , y posteriormente prorrogar, la medida sin cumplir ninguno de los pasos obligatorios que garantizan la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las acciones administrativas.
Entre las irregularidades denunciadas destacan la ausencia del informe previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la omisión del proceso de control interno de toma de decisiones y la tergiversación de lo ocurrido en el Comité de Medidas Especiales para justificar la medida. En otras palabras, el Gobierno actuó con arbitrariedad, ignorando sus propios controles técnicos para imponer el control estatal sobre una de las EPS más importantes del país.
El resultado de esta intervención, que ya cumple dos años, es catastrófico. Lejos de sanear las finanzas de Nueva EPS como prometía Petro, la deuda creció más del 24%, alcanzando los 26 billones de pesos, mientras las facturas represadas se dispararon a 14,9 billones. Lo que el petrismo vendió como la solución para «salvar» el sistema de salud terminó agravando el hueco financiero, afectando el pago a clínicas, hospitales y proveedores, y poniendo en riesgo la atención de millones de colombianos.
Este escándalo revela el verdadero rostro del modelo de salud que impulsa Gustavo Petro y su ministro Guillermo Alfonso Jaramillo: intervenciones arbitrarias, centralismo estatal y desprecio por los procedimientos legales cuando se trata de avanzar en su agenda ideológica de estatización del sector. La izquierda prometió acabar con los «intermediarios» y «salvar» la salud pública, pero en la práctica ha generado más caos, más deuda y más incertidumbre para los pacientes.
La denuncia de los superintendentes delegados no es un simple desacuerdo técnico. Es un grito de alerta desde dentro de la propia Superintendencia: Petro se saltó la ley para tomar control de Nueva EPS. Ahora la Procuraduría tiene en sus manos determinar si esta intervención fue no solo ineficaz, sino abiertamente ilegal.
Mientras tanto, los colombianos de a pie, especialmente los más vulnerables afiliados a Nueva EPS, siguen sufriendo las consecuencias: demoras en citas, medicamentos no entregados, facturas sin pagar a los prestadores de salud y un sistema cada vez más colapsado. El petrismo, que tanto critica el modelo anterior, ha demostrado en los hechos que su alternativa es peor: mayor burocracia, mayor corrupción y mayor deterioro.
Los vallecaucanos y colombianos en general merecen un sistema de salud que funcione, no experimentos ideológicos que terminan en denuncias por ilegalidad y en deudas multimillonarias. Si la intervención a Nueva EPS fue ilegal, como denuncian siete altos funcionarios con pruebas en mano, entonces todo el andamiaje de control estatal montado por el gobierno Petro sobre la EPS más grande del país carece de piso jurídico.
La Procuraduría debe actuar con celeridad. Colombia no puede permitir que el capricho ideológico de un gobierno desastroso continúe destruyendo una de las instituciones más sensibles para la población. El fracaso de la intervención a Nueva EPS no es solo un error administrativo: es la prueba más reciente de que el modelo de salud petrista está condenado al desastre.
