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Autoridades judiciales de Estados Unidos adelantan indagaciones preliminares relacionadas con posibles vínculos entre estructuras del narcotráfico y la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, según información divulgada por medios internacionales. Aunque hasta el momento no se reportó ninguna acusación formal ni notificación oficial contra el mandatario colombiano, el caso comenzó a generar atención por la gravedad de los señalamientos.
Las investigaciones son lideradas por fiscales federales en los distritos de Manhattan y Brooklyn, así como por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), quienes centran su análisis en testimonios provenientes de dos figuras clave del crimen organizado: Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, señalado como zar del contrabando, y Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”, exjefe de la estructura criminal conocida como La Inmaculada.
Uno de los ejes principales de las indagaciones se enfocó en lo que públicamente se ha denominado como el “Pacto de la Picota”, un episodio que ha sido objeto de múltiples controversias en el escenario político colombiano. En este contexto, alias Pipe Tuluá, quien fue extraditado recientemente a Estados Unidos, habría asegurado que fue contactado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, con el propósito de discutir eventuales beneficios judiciales, entre ellos la posibilidad de evitar la extradición a cambio de dinero, apoyo político y electoral.
Estas afirmaciones se convirtieron en el punto central de análisis dentro de las investigaciones en curso, dado que implican la existencia de nexos profundos entre el gobierno de Gustavo Petro y estructuras criminales de alto calibre a nivel nacional e internacional.
De manera paralela, el nombre de alias “Papá Pitufo” aparece vinculado a versiones sobre la entrega de dinero en efectivo a integrantes de la campaña presidencial. Aunque Petro aseguró que esos recursos habrían sido devueltos, las autoridades estadounidenses centran su atención en la trazabilidad de los fondos, con el objetivo de establecer si existieron irregularidades relacionadas con lavado de activos y financiación internacional ilegal.
Adicionalmente, se conoció que la DEA avanzó en el análisis de información proveniente de fuentes confidenciales, enfocándose en posibles nexos de Petro con organizaciones criminales internacionales y movimientos financieros considerados sospechosos. Este frente de investigación busca determinar si existen conexiones más amplias que pueden comprometer estructuras políticas o financieras.
El caso se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política tanto en Colombia como en el ámbito internacional, especialmente por tratarse de hechos que involucrarían recursos ilícitos directamente en la presidencia de la república.
