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Catorce diputados firmaron un comunicado en el que rechazaron afirmaciones del candidato presidencial del Pacto Histórico sobre el departamento.
La Asamblea Departamental de Antioquia adoptó una decisión que intensificó la tensión política en la región, al declarar como persona no grata al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro. La determinación quedó consignada en un comunicado oficial fechado el 17 de marzo, el cual fue firmado por 14 de los diputados de la corporación.
La decisión se produjo como respuesta directa a una serie de declaraciones contenidas en el programa de gobierno del candidato, así como en intervenciones públicas en las que se refirió al departamento de Antioquia en términos que generaron amplio rechazo. En particular, uno de los apartes más controvertidos fue aquel en el que Cepeda afirmó que el departamento se había convertido en “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.
Los diputados firmantes expresaron en el comunicado que este tipo de afirmaciones constituían una generalización injustificada, al presentar a Antioquia como un escenario central de fenómenos delictivos y de graves violaciones a los derechos humanos. Según señalaron, este tipo de caracterizaciones no solo afectan la imagen del departamento, sino que también terminan por estigmatizar a su población y a sus instituciones en el contexto nacional e internacional.
En el documento, la corporación reconoció que la construcción de memoria histórica y la discusión sobre responsabilidades en el conflicto armado son procesos necesarios para el país. No obstante, advirtió que estos ejercicios no deben derivar en señalamientos generalizados que comprometan el buen nombre de una región completa. En ese sentido, insistieron en que el debate político debe realizarse con responsabilidad y sin recurrir a narrativas que, a su juicio, refuercen estigmas territoriales.
Además de la declaración simbólica, la Asamblea anunció que el documento sería remitido a distintas entidades, entre ellas la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Presidencia de la República, así como al gobernador de Antioquia y a otras autoridades locales, con el fin de dejar constancia institucional del rechazo expresado.
El episodio se desarrolló en un contexto de creciente tensión política en el departamento. Las declaraciones del candidato no solo generaron reacción en la Asamblea, sino también en otros sectores políticos y administrativos. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto a 72 alcaldes del departamento, manifestaron su rechazo a las afirmaciones, calificándolas como un ataque contra la región.
La controversia se amplificó debido al momento político en el que ocurrió, marcado por el inicio de la carrera presidencial de cara a las elecciones de 2026. En este escenario, las posturas de los candidatos frente a regiones clave como Antioquia adquirieron un peso determinante dentro del debate nacional.
Asimismo, el caso evidenció la sensibilidad existente frente a la forma en que se construyen los discursos políticos sobre territorios que han tenido un papel relevante en la historia reciente del país. Antioquia, por su importancia económica, política y electoral, se convirtió nuevamente en un eje central de discusión.
En consecuencia, la decisión de la Asamblea no solo representó un pronunciamiento institucional, sino que también reflejó el nivel de polarización política que atraviesa el país, donde las interpretaciones sobre el pasado, la memoria y las responsabilidades históricas continúan siendo motivo de confrontación en el escenario público.
