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Las quejas señalan que la publicidad habría sido colocada durante la noche y sin consentimiento, lo que podría configurar infracciones electorales y administrativas.
En diferentes sectores de Cali comenzaron a circular denuncias ciudadanas sobre la presunta instalación de publicidad política del representante Duvalier Sánchez en fachadas de viviendas y establecimientos comerciales sin autorización de los propietarios. Según los reportes, el material habría sido colocado durante la noche, generando molestia entre residentes y comerciantes.
Las quejas señalan que los afiches y piezas publicitarias están siendo pegados sin consentimiento, lo que podría constituir una infracción a las normas que regulan la propaganda electoral y el uso del espacio público. En Colombia, la instalación de publicidad política debe cumplir requisitos establecidos por autoridades locales y por el Consejo Nacional Electoral, incluyendo permisos y autorizaciones.
Algunos ciudadanos han calificado la situación como un abuso político y cuestionan si la campaña del cuestionado politiquero del pacto histórico estaría actuando fuera del marco legal. En redes sociales circularon mensajes que acusan al representante de abusar de su respaldo político del petrismo para imponer propaganda en propiedades privadas sin autorización.
La situación también abrió debate sobre el origen de los recursos de campaña y la responsabilidad directa del candidato frente a las acciones de sus equipos territoriales. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial del representante Duvalier Sánchez sobre estos señalamientos.
Ciudadanos han pedido que, de confirmarse la instalación de publicidad sin autorización, se presenten denuncias formales ante las autoridades competentes para que se investiguen posibles infracciones electorales.
La normatividad vigente establece que la propaganda política debe respetar la propiedad privada y contar con autorización expresa de los dueños cuando se instale en bienes particulares. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y, dependiendo del caso, en investigaciones por parte de entes de control.
En contexto electoral, este tipo de denuncias adquiere relevancia porque la publicidad no autorizada no solo vulnera derechos de propiedad, sino que también puede generar sanciones económicas o disciplinarias para campañas que incumplan las reglas.
Las autoridades locales y electorales serán las encargadas de verificar si efectivamente se presentó instalación irregular de material político y determinar responsabilidades. Mientras tanto, ciudadanos han hecho un llamado a documentar los casos y acudir a los canales formales de denuncia si consideran que sus derechos fueron vulnerados.
