El representante del pacto histórico habría increpado y amenazado a funcionarios públicos en las afueras de la Gobernación del Valle del Cauca.

Una nueva controversia rodea al cuestionado representante del pacto histórico y reconocido misógino, Duvalier Sánchez, luego de que se denunciara que este miércoles en la tarde protagonizó un altercado en instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca, donde habría agredido física y verbalmente a funcionarios públicos, entre ellos varias mujeres que ocupan cargos en la administración departamental.

Según versiones conocidas tras el incidente, Sánchez llegó al lugar con megáfono en mano agrediendo verbalmente a la Gobernadora del Valle del Cauca y a los funcionarios departamentales. Allí los amenazó públicamente para que le respondieran sus supuestos cuestionamientos. Cuatro secretarios acudieron al llamado, dos de ellas mujeres, quienes fueron víctimas de intimidaciones y amenazas directas durante el intercambio.

Testigos señalaron que el tono de la confrontación escaló rápidamente. Además de las increpaciones directas, se habrían producido expresiones que podrían configurar amenazas contra servidor público. Entre quienes acompañaban al candidato se encontraba el diputado Esteban Oliveros. También se mencionó a un individuo no identificado que habría lanzado advertencias en las que se habló de “tirar a la primera línea” a los funcionarios presentes, frase que generó alarma por su carga intimidatoria.

El Código Penal colombiano, en su artículo 429, establece que la violencia contra servidor público puede acarrear penas de prisión entre cuatro y ocho años. La sanción puede aumentar si la conducta se agrava por circunstancias adicionales. El alcance jurídico de lo ocurrido dependerá de las denuncias formales y de las pruebas que se presenten ante las autoridades competentes.

El episodio ha sido interpretado por sectores políticos del Valle como un acto de intimidación en pleno escenario institucional, en medio de la campaña electoral, lo que eleva la tensión política en el departamento.

El hecho adquiere mayor dimensión por el contexto electoral. Duvalier Sánchez, cuya aspiración al Senado cuenta con respaldos políticos vinculados al petrismo y al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, enfrenta ahora nuevos cuestionamientos, esta vez por su comportamiento frente a funcionarias públicas. La presencia de mujeres entre las personas increpadas ha generado críticas adicionales, especialmente desde sectores que advierten un patrón de confrontación agresiva contra las mujeres enmarcado en una cada vez más evidente misoginia y machismo crónico por parte de Sánchez.

Desde la Gobernación del Valle se analiza la posibilidad de emprender acciones legales si se considera que hubo amenazas directas o vulneración del ejercicio de funciones públicas. Hasta el momento no se ha informado oficialmente si se interpondrá denuncia penal, pero el tema ya se encuentra en discusión jurídica y política.

El episodio deja una pregunta abierta en el debate regional: ¿se trató de un acto legítimo de control político en campaña o de una intimidación que cruzó los límites legales? La respuesta podría definirse en los estrados judiciales si el caso avanza formalmente.