La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó el hallazgo de sangre humana y fragmentos óseos en la actual Escuela de Logística del Ejército. El predio fue señalado por un exmilitar como sitio de inhumación clandestina en los años ochenta y noventa.

El hallazgo de sangre humana y fragmentos óseos en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua Brigada XX de Inteligencia Militar, podría convertirse en una pieza determinante para esclarecer el destino de personas desaparecidas en las décadas de los ochenta y noventa. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió notificación del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre el resultado positivo de una muestra biológica encontrada en un fragmento de plástico recuperado en el predio, actualmente protegido por medidas cautelares.

Las labores forenses se desarrollan en un terreno que fue señalado por el sargento retirado José Leonairo Dorado Córdoba como posible lugar de inhumación clandestina. Dorado, quien trabajó en esa Brigada entre 1986 y 1997, indicó ante la JEP al menos 15 puntos de interés forense dentro del predio. Su testimonio motivó inspecciones judiciales y excavaciones controladas que comenzaron tras la imposición de medidas cautelares el 12 de septiembre de 2024.

En 2025, la JEP detectó una excavación no autorizada en una de las zonas protegidas, lo que llevó a una sanción contra el entonces director de la Escuela de Logística, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar. El oficial recibió tres días de arresto y una multa equivalente a diez salarios mínimos por incumplir órdenes judiciales que protegían el terreno. En ese mismo punto fueron halladas palas, fragmentos plásticos y una prenda con distintivos militares.

Posteriormente, en el Sitio de Interés Forense 15.3, conocido como “la Serviteca”, fue localizado el fragmento de plástico que arrojó resultado positivo para sangre humana. Meses después se encontraron ocho fragmentos óseos, de los cuales uno fue confirmado como humano, correspondiente a un arco costal de una persona de 20 años o menos. Otro fragmento fue catalogado como posiblemente humano, aunque no permitió la obtención de perfil genético.

La JEP advirtió en su auto que el hallazgo de sangre humana “solo se explica a la luz de la utilización del predio cautelado como sitio de disposición de cuerpos”, lo que desde el punto de vista forense podría asociarse con hechos de desaparición forzada y homicidio en el marco del conflicto armado.

Entre las posibles víctimas que podrían estar relacionadas con los hallazgos se encuentran Pedro Julio Movilla, líder sindical desaparecido el 13 de mayo de 1993, e Irma Franco Pineda, militante del M-19 que salió con vida del Palacio de Justicia en 1985 y cuyo paradero posterior permanece sin esclarecer. Dorado ha señalado que Movilla habría sido trasladado al Batallón Charry Solano, donde presuntamente fue torturado y asesinado. En sus declaraciones también mencionó nombres de oficiales y suboficiales que, según su versión, habrían participado en esos hechos.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP sostuvo que la alteración del terreno cautelado tuvo un impacto negativo en los derechos de los familiares de las víctimas, pues podría comprometer la preservación de evidencia clave. Ante este riesgo, el tribunal prorrogó por un año las medidas cautelares sobre el predio para garantizar la continuidad de las labores técnicas y judiciales.

Para las organizaciones de víctimas, los hallazgos representan un avance concreto en la búsqueda de verdad. Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, afirmó que los resultados confirman la hipótesis de que en ese batallón podrían encontrarse personas desaparecidas forzadamente inhumadas. Las víctimas han solicitado que el predio sea declarado lugar de memoria y que no continúe funcionando como unidad militar, con el fin de proteger las pruebas y garantizar transparencia en el proceso.

El caso ahora queda en manos de las autoridades judiciales, que deberán profundizar las investigaciones para establecer posibles responsabilidades penales. Mientras avanzan los análisis genéticos y forenses, los familiares de las víctimas reiteran que encontrar a los desaparecidos es una prioridad humanitaria y que no pueden repetirse hechos que pongan en riesgo la verdad y la memoria histórica del país.