Una investigación periodística reveló que Delcy Rodríguez adjudicó dos bloques petroleros en Venezuela a una empresa vinculada con Danilo Romero, compadre de Gustavo Petro, y familiares del empresario catalán Manuel Grau.

Una investigación publicada por La Silla Vacía y Armando.info reveló que en 2025, cuando Delcy Rodríguez ejercía como ministra de Petróleo de Venezuela, fueron adjudicados dos bloques petroleros a la empresa Colven Business & Corp, firma creada en Bogotá en octubre de 2022 y relacionada con Danilo Romero Gómez —compadre del presidente Gustavo Petro— y con familiares del empresario catalán Manuel “Manel” Grau Pujadas, señalado como cercano a la primera dama Verónica Alcocer. La adjudicación se realizó mediante la figura de Contratos de Participación Productiva (CPP), modalidad que fue fortalecida tras una reforma a la Ley de Hidrocarburos venezolana en agosto de 2024.

Los bloques otorgados están ubicados en Barinas y Apure, zonas cuyas reservas probadas suman 1.114 millones de barriles, cifra que supera más de la mitad de las reservas totales de Colombia. Según los documentos citados por los medios investigadores, en 2024 la producción diaria en Apure fue de 5.100 barriles y en Barinas de 8.100. Expertos del sector petrolero estiman que con inversiones relativamente bajas la producción podría escalar hasta 50.000 barriles diarios. A precios internacionales promedio, el negocio podría mover alrededor de 3,2 millones de dólares diarios en una fase inicial.

Colven Business & Corp, sin embargo, no mostraba solidez financiera significativa en Colombia. Para 2024 reportaba patrimonio negativo de 27.000 dólares y pérdidas por 54.000 dólares, además de no contar con trayectoria comprobada en explotación petrolera. El 97% de la empresa pertenece a Colenergy Group, sociedad panameña creada en 2024 por el venezolano Jesús Velásquez, el catalán Gregorio Grau Pujadas —hermano de Manuel Grau— y el sobrino de Danilo Romero.

Danilo Romero participó en la creación de Colven, aunque afirma haberse retirado en octubre de 2024. Sin embargo, registros societarios indican que personas de su entorno familiar y empresarial continuaron vinculadas. El representante legal actual es su sobrino, Diego Martínez Plata. También figura Hernando Villamizar Pinto, relacionado con otras compañías de Romero. Romero ha sido mencionado en episodios previos relacionados con contratos de Cenit, filial de Ecopetrol, aunque ha negado cualquier financiación irregular o influencia indebida. Su cercanía con el presidente Petro es pública y conocida.

“Danilo Romero subsidió durante muchos años a la familia Petro”, señala una fuente citada en la investigación, que describe una relación personal y empresarial que trasciende la amistad.

Otro nombre relevante es Alfonso Camilo Barco Muñoz, actual vicepresidente financiero de Ecopetrol, quien fue accionista y representante legal de Colven hasta pocos días antes de asumir su cargo. Barco sostiene que asesoró a la empresa de manera independiente y que su vinculación a Ecopetrol fue resultado de un proceso competitivo. También afirma que al momento de su llegada la firma no había obtenido los contratos en Venezuela.

La reforma venezolana a la Ley de Hidrocarburos promovida por Rodríguez consolidó el esquema de CPP como mecanismo para atraer inversión privada tras años de control estatal rígido. Según Armando.info, al menos 29 contratos bajo esta modalidad fueron firmados sin que se detallaran públicamente las compañías beneficiadas. El contexto coincide con una reapertura energética entre Colombia y Venezuela. En enero, el ministro de Minas colombiano, Edwin Palma, planteó públicamente la posibilidad de que empresas colombianas participaran en exploración y transporte de crudo en el vecino país.

El caso adquiere dimensión política debido a las conexiones empresariales con el entorno presidencial colombiano y al momento en que se producen las adjudicaciones, mientras aún persisten debates y revisiones judiciales sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022. Aunque hasta ahora no existen decisiones judiciales que determinen responsabilidades penales, el episodio abre interrogantes sobre eventuales conflictos de interés y la influencia política en negocios energéticos internacionales.