Un exasesor aseguró que entre 2024 y 2025 habría tenido que entregar parte de su salario a familiares de la congresista del partido ASI y denunció la existencia de funcionarios que nunca habrían asistido a trabajar.

Una nueva controversia sacude al Congreso de la República tras la denuncia pública contra la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez, del partido Alianza Social Independiente (ASI), quien busca su reelección. El abogado Sergio Mesa, exasesor de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), aseguró que entre marzo y diciembre de 2024 y durante todo 2025 habría tenido que entregar parte de su salario mensual a familiares de la parlamentaria como condición para mantenerse en el cargo.

De acuerdo con la versión de Mesa, la senadora le habría exigido pagar $4 millones mensuales a su yerno, Sebastián Arboleda Alzate, y posteriormente $2,5 millones a su hija, Valeria Bedoya. Según relató, estos pagos se habrían realizado de manera sostenida hasta que decidió negarse a continuar con el supuesto “compromiso”, lo que habría generado tensiones internas y presiones para que renunciara a su contrato como asesor legislativo.

El exasesor sostuvo que esta es la primera vez que habla públicamente del tema y explicó que no denunció antes porque, según sus palabras, se encontraba en una “situación de debilidad”. Además, afirmó que en 2025 dejó de cumplir con las exigencias económicas y que, desde entonces, comenzó a enfrentar hostilidad dentro de la UTL. Según Mesa, una de las personas que le habría exigido cumplir con los pagos fue la abogada Marcela Reina Beltrán, quien ocupaba el cargo de Asesor 8.

El denunciante también aseguró que dentro de la UTL existirían asesores “fantasma”. Señaló específicamente a Lucía Milena Londoño Arango y Denis Adriana Hernández Ojeda, quienes, según su versión, nunca habrían participado en reuniones virtuales ni se les habría visto en Bogotá cumpliendo funciones propias del cargo. Mesa afirmó que estas personas figuraban formalmente en la nómina, pero que no desempeñaban labores visibles.

“Nunca cedí. Mi trabajo habla por mí y siempre actué con ética, profesionalismo y rectitud”, afirmó Sergio Mesa al explicar por qué decidió no continuar entregando parte de su salario y finalmente hacer pública la denuncia.

Según el relato del exasesor, el 10 de julio de 2025 habría recibido una llamada en la que se le pidió renunciar para luego ser vinculado bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción, lo que, en su criterio, permitiría terminar su contrato en cualquier momento. Mesa aseguró que rechazó esa propuesta y que mantuvo su posición hasta abandonar el cargo.

Tras conocerse los señalamientos, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, anunció que presentará una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la congresista Bedoya. La organización señaló que los hechos descritos podrían configurar delitos como concusión, cohecho y otras conductas relacionadas con la indebida destinación de recursos públicos.

Bustos también indicó que, aunque reconoce el valor de la denuncia pública realizada por Mesa, la Red evaluará si el exasesor tuvo alguna participación en las irregularidades denunciadas y, de ser el caso, lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Hasta el momento, la senadora Sor Berenice Bedoya no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones. La congresista es oriunda de Yarumal, Antioquia, y contadora pública de profesión. Antes de llegar al Senado desempeñó cargos en entidades municipales y de servicios públicos, según información consignada en el portal Congreso Visible.

El caso ahora queda en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar si abren investigación formal y si existen elementos probatorios suficientes para avanzar en un proceso contra la parlamentaria. De confirmarse los hechos, el escándalo podría tener repercusiones disciplinarias, penales y políticas en plena etapa preelectoral.