Un aspirante a la Cámara cuestionó el avance real de los proyectos anunciados por el Ejecutivo y puso en duda la ejecución de recursos millonarios destinados a nuevas sedes universitarias.

Una nueva polémica rodea al Gobierno Nacional tras la difusión de un video en redes sociales en el que el exconcejal de Bogotá y aspirante a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño, cuestiona el cumplimiento de la promesa de construir 100 nuevas universidades públicas en el país. En la grabación, publicada en la red X, el candidato sostiene que la administración del presidente Gustavo Petro no ha entregado ninguna universidad nueva y que varios de los proyectos anunciados presentan ejecución mínima o nula.

Briceño señaló que, aunque el Ejecutivo ha hablado de una expansión histórica de la infraestructura universitaria, en la práctica lo que existirían son 24 contratos derivados de múltiples proyectos formulados, muchos de los cuales no mostrarían avances significativos en obra física. Según los datos citados por el aspirante, algunos proyectos tendrían ejecución en cero y otros apenas superarían el 5% u 8% de avance.

Como ejemplo, mencionó el caso de la Universidad del Putumayo, que según una investigación periodística publicada en julio de 2025 registraba apenas un 8% de ejecución. El candidato aseguró que esta situación se repite en otras regiones donde se prometieron sedes universitarias nuevas, pero donde no se evidencian construcciones en curso.

Además, Briceño cuestionó el manejo de los recursos destinados a estos proyectos. Afirmó que el Ministerio de Educación transfirió partidas millonarias a la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) para financiar la construcción de los campus anunciados, pero que no existiría claridad suficiente sobre la trazabilidad y el estado actual de esos fondos. Según su versión, se habrían realizado adiciones presupuestales que elevarían la cifra comprometida a cerca de 500 mil millones de pesos.

“Yo mismo he visitado los lotes. Me fui hasta Soledad, Atlántico, y demostramos cómo no han puesto un solo ladrillo. Lo único que han puesto es matas y árboles, pero no han comenzado a construir la universidad”, afirmó Daniel Briceño en el video difundido en redes sociales.

El aspirante relató visitas a municipios como Soledad (Atlántico), zonas del Putumayo, Chaparral (Tolima) y Mompox (Bolívar), donde, según su testimonio, no se observan edificaciones universitarias en desarrollo. Estas declaraciones han generado debate sobre el ritmo de ejecución de los proyectos y el alcance real de la promesa gubernamental.

Otro punto de controversia gira en torno al concepto de “nueva universidad”. Briceño sostuvo que no deberían contabilizarse como instituciones nuevas las estructuras provisionales o aulas modulares instaladas para ampliar cobertura académica, pues considera que esto podría distorsionar la percepción sobre el número real de campus construidos.

El candidato también hizo un llamado a que el Gobierno entregue información detallada y verificable sobre el estado de cada proyecto, los recursos desembolsados y el cronograma de ejecución. En su intervención, planteó que el fortalecimiento de la educación superior requiere un modelo que combine esfuerzos del sector público y privado, y que la transparencia debe ser un eje central en la inversión educativa.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado oficialmente frente a las declaraciones del aspirante. Tampoco se han publicado reportes actualizados que confirmen o desmientan el nivel de avance de cada una de las obras mencionadas.

El debate se produce en un contexto preelectoral, donde el cumplimiento de promesas de campaña se convierte en un eje central de discusión política. La expansión de la infraestructura universitaria fue presentada como uno de los pilares del programa de gobierno, orientado a ampliar cobertura, reducir brechas regionales y garantizar acceso a educación superior pública en zonas históricamente desatendidas.

Ahora, el foco está en determinar si los retrasos obedecen a trámites administrativos, ajustes técnicos, dificultades contractuales o a una ejecución más lenta de lo previsto, o si, como sostiene el denunciante, existe un incumplimiento sustancial de la promesa inicial.