Usuarios con enfermedades graves relatan filas interminables, tratamientos suspendidos y silencio institucional, mientras las quejas contra Nueva EPS se disparan tras la intervención del Gobierno.

Nancy Martínez Salazar, de 58 años, vive con cáncer, diabetes e hipertensión. Sin embargo, lo que hoy la mantiene en estado de ansiedad no son sus diagnósticos, sino la incertidumbre que enfrenta como usuaria de Nueva EPS. Desde hace seis meses espera una resonancia de mama clave para determinar si tiene un residuo tumoral activo, un examen que podría definir su tratamiento y su pronóstico de vida. La respuesta de la EPS ha sido siempre la misma: no hay agenda.

Martínez reside en Popayán, donde no existen los equipos necesarios para realizar el estudio, por lo que debe desplazarse a Cali. A pesar de contar con la autorización médica, la prueba nunca se ha programado. “Las células cancerígenas son de rápida proliferación. Necesito un diagnóstico concreto, sin eso no me pueden atender”, relató en diálogo con EL COLOMBIANO, explicando que la espera prolongada incrementa el riesgo sobre su salud.

La falta de atención no se limita a los procedimientos diagnósticos. Nancy tampoco recibe sus medicamentos. En la farmacia la respuesta se repite: “no hay”. Según su fórmula médica, debería contar con Letrozol 2.5 mg, metformina 1000 mg combinada con sitagliptina 50 mg de liberación prolongada y enalapril 20 mg, medicamentos esenciales para controlar su cáncer, diabetes e hipertensión. Ante la negativa, ha tenido que comprarlos por su cuenta, asumiendo un gasto mensual de 410.000 pesos, una carga económica insostenible para una paciente crónica.

“El problema no es solo que no haya medicamentos, sino el desgaste físico y emocional. Cuando uno es paciente oncológico no tiene la energía para ir de un lado a otro. Yo estoy cansada, muy cansada. Después de las quimioterapias uno queda quemado, y nadie llama a avisar si el medicamento llegó o no. Uno tiene que ir a hacer filas enormes y adivinar si hay”, explicó.

En Popayán, las filas frente a las farmacias de Nueva EPS ya no son la imagen más extrema. Pacientes han instalado carpas o han pasado la noche en sillas en los alrededores de los dispensarios, con la esperanza de ser los primeros en acceder a los pocos medicamentos disponibles. Escenas similares se repiten en distintas ciudades del país.

Martínez ha presentado múltiples quejas ante la Superintendencia de Salud, sin obtener respuesta. Esa falta de reacción institucional también fue denunciada por decenas de pacientes que realizaron un plantón pacífico frente a la sede de Nueva EPS en Bogotá. Los manifestantes hacen parte de Pacientes de Alto Costo, una organización ciudadana que agrupa a personas con enfermedades graves y crónicas.

Néstor Álvarez, presidente de la organización, aseguró que el silencio de la Superintendencia —dirigida por Bernardo Camacho— es uno de los aspectos más preocupantes del caso. “Está totalmente callada. Solo hemos recibido correos diciendo que notificaron las quejas y ya. No se ha abierto una sola investigación”, afirmó.

Álvarez explicó que, como parte de la presión social, se creó la llamada “Mesa por la Vida”, un espacio de diálogo en el que deberían participar Nueva EPS, la Superintendencia y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el interventor de Nueva EPS, Luis Óscar Galves, no ha asistido a las reuniones. “Una vez bajó a hablar con nosotros porque advertimos que habría problemas. Se comprometió a mejorar, pero mintió. Nunca más volvió a aparecer”, aseguró.

Las cifras respaldan la denuncia. Según registros de Pacientes de Alto Costo, antes de la intervención de Nueva EPS en 2024, cerca del 90 % de los pacientes recibía sus medicamentos. Hoy, esa cifra habría caído al 40 %, y en algunos municipios de la Costa Caribe el porcentaje sería cero.

“El derecho a la salud se está violando de forma sistemática. A diario mueren pacientes. Cuando alguien muere de cáncer nadie dice que murió por falta de medicamentos, pero en Colombia eso pasa todos los días. La agenda de salud debería ser prioritaria”, advirtió Álvarez.

El panorama general confirma la crisis. De acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Salud, en 2025 se registraron 2.048.435 quejas por fallas en el sistema, un aumento de más de 443.000 frente a 2024. En promedio, se radicaron 5.612 quejas diarias, es decir, 233 por hora o tres por minuto. Más de 1,9 millones de reclamos estuvieron relacionados con barreras para acceder a citas médicas, tratamientos y medicamentos.

En el caso de Nueva EPS, las quejas se dispararon tras la intervención del Gobierno en 2024, una medida que, según el Ejecutivo, buscaba corregir fallas estructurales. No obstante, pacientes con cáncer, VIH, diabetes y otras enfermedades de alto costo aseguran que la situación empeoró. Aunque estos tratamientos están cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los usuarios no ven reflejados los recursos en atención real.

“A dónde van a parar esos recursos, nadie lo explica”, concluyó Álvarez. Hasta ahora, el Gobierno no ha respondido.