El ente acusador imputará a la exviceministra por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público por presuntas irregularidades en títulos académicos expedidos por la Fundación Universitaria San José.

La Fiscalía General de la Nación anunció que radicará ante un juzgado de Bogotá la solicitud de imputación de cargos contra Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. La imputación también cobija a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, y está relacionada con presuntas irregularidades en documentos académicos utilizados para acceder a cargos públicos.

De acuerdo con la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, la investigación se centra en los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable que Guerrero presentó para posesionarse como viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Los documentos fueron cargados en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP) en agosto de 2025, pero habrían sido expedidos el 1 de julio del mismo año sin cumplir con los requisitos legales exigidos por la ley.

Durante la investigación, la Fiscalía estableció que Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio para la obtención de títulos profesionales. Estos hechos, según el ente acusador, ponen en entredicho la legalidad de los documentos que permitieron su posesión en el cargo público. La Fiscalía confirmó que solicitará medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

El caso se conecta con revelaciones previas de EL COLOMBIANO, que expuso un presunto esquema de obtención irregular de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José, a través de supuestos “gestores” que operaban mediante cadenas de referidos y chats de WhatsApp, con costos que podrían alcanzar hasta los 20 millones de pesos. En el expediente reposan facturas electrónicas registradas ante la DIAN que evidenciarían pagos realizados directamente a la institución educativa.

Las facturas, correspondientes a matrículas y derechos de grado, fueron emitidas después de que los títulos ya habían sido otorgados, lo que sugiere una presunta regularización académica posterior. Además, se confirmó que Guerrero no cumplió con los requisitos académicos mínimos y que en noviembre de 2025 la propia universidad retiró formalmente los títulos tras admitir las irregularidades.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien denunció el caso en septiembre de 2025, calificó la imputación como “una muy buena noticia” en un país marcado por la impunidad. La congresista recordó que existen evidencias de pagos cercanos a los ocho millones de pesos por los títulos cuestionados y cuestionó por qué la Fiscalía no ha imputado cargos a otros directivos de la institución, pese a que se habrían identificado al menos 779 irregularidades similares.