Los informes oficiales de Medicina Legal y Human Rights Watch evidencian un deterioro acelerado de la seguridad en Colombia, con homicidios, secuestros y reclutamiento infantil en niveles históricos.

Los informes forenses anuales de Medicina Legal confirman que 2025 cerró con 14.780 homicidios dolosos en Colombia, un aumento de 863 casos frente a los 13.917 registrados en 2024. La cifra marca el nivel más alto desde 2010, cuando el país alcanzó 15.856 asesinatos, revirtiendo una tendencia de reducción que se había mantenido, con altibajos, durante más de una década.

El repunte no es un dato aislado. En 2023 los homicidios habían disminuido en 692 casos y en 2024 la reducción fue de 116, pero en 2025 la curva se invirtió de forma abrupta. Este deterioro ocurre durante el gobierno de Gustavo Petro, en un contexto donde la política de “paz total” no ha logrado contener la expansión de la violencia armada ni la criminalidad urbana.

A este panorama se suman las alertas de Human Rights Watch, que documentan un deterioro profundo de la seguridad entre 2022 y 2025. Según la organización, el reclutamiento de niños aumentó más del 250 %, los secuestros crecieron por encima del 190 %, los confinamientos forzados superaron el 50 % y el desplazamiento interno aumentó un 16 %. Estos indicadores reflejan un impacto directo sobre comunidades rurales, poblaciones vulnerables y zonas históricamente afectadas por el conflicto.

Para la ciudadanía, las cifras se traducen en una inseguridad cotidiana cada vez más palpable. Familias pierden seres queridos en medio de un repunte violento que el Estado no logra contener, mientras el aumento del secuestro y del reclutamiento infantil golpea con especial crudeza a niños y adolescentes en territorios donde la presencia institucional es débil o inexistente.

Pese a la magnitud de los datos, el tema ha quedado relegado en la agenda pública. No hay un debate sostenido ni cuestionamientos de fondo al Gobierno o a sus candidatos, y la oposición tampoco ha capitalizado políticamente el deterioro de los indicadores de seguridad. Esta ausencia de discusión y de rendición de cuentas profundiza la sensación de abandono institucional y erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar la vida y la integridad de sus habitantes.

El contraste entre las promesas de “cambio” y la realidad de cifras récord de violencia alimenta la percepción de un retroceso en materia de paz y estabilidad. En un año preelectoral, estos indicadores no solo impactan la vida diaria de millones de colombianos, sino que también condicionan el clima político y la credibilidad de un proyecto de gobierno que prometió reducir la violencia y terminó enfrentando uno de los peores balances de seguridad de los últimos 15 años.