Una grabación difundida tras la extradición del cabecilla de “La Inmaculada” revive los cuestionamientos sobre financiación política y los alcances reales de la “Paz Total”.

Un audio divulgado este martes por la precandidata presidencial Vicky Dávila volvió a sacudir el panorama político nacional horas después de la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada. En la grabación, atribuida al hoy extraditado, se formulan señalamientos directos contra el entorno del presidente Gustavo Petro, particularmente contra su hermano Juan Fernando Petro.

En el audio, grabado antes de su envío a territorio estadounidense, Marín afirma que desde el Gobierno se le habría acusado de “comprar funcionarios públicos”, señalamiento que niega antes de lanzar una acusación directa. “Mi esposa me está diciendo que el señor presidente le ordena al señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que por qué no me ha extraditado, porque yo estoy comprando funcionarios públicos, lo cual es totalmente falso. Yo estoy acá tranquilo, esperando que tomen esa decisión”, se le escucha decir.

Acto seguido, el extraditado menciona de forma explícita a Juan Fernando Petro. “Si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que usted debería evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y sí tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña”, afirma en la grabación. Según su versión, esos recursos habrían sido destinados a la campaña presidencial de 2022, además de dinero en efectivo para gastos cotidianos.

Marín asegura que existen pruebas materiales de esas afirmaciones. “Tenemos videos, audios y consignaciones donde se le pasó plata no solamente para su campaña, sino para cosas del día a día. Esas pruebas las vamos a pasar en los Estados Unidos”, dice en el audio difundido. En otro fragmento, insiste en que dichas evidencias también comprometerían aportes irregulares relacionados con entidades como la DIAN.

Desde Washington, el presidente Gustavo Petro respondió a Caracol Radio y rechazó de plano los señalamientos. “Mire hermano, pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé. Pitufo quería. Si yo quisiera estaría lleno de billete, solo que estaría preso, muerto descuartizado. A mí esos chantajes, se lo dije a la CIA, no van conmigo”, afirmó el mandatario, calificando las acusaciones como un intento de presión y chantaje.

Petro aseguró que durante su trayectoria política ha enfrentado ofrecimientos de organizaciones criminales que buscaban influir en su proyecto, pero insistió en que siempre los ha rechazado. “Pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé que lo intentaron. No me hago elegir por asesinos. Por eso soy libre y me interesa seguir siendo libre”, señaló. Sobre los señalamientos contra su hermano, fue enfático: “Si cometió algún error, que lo pague”.

El jefe de Estado defendió la extradición de alias Pipe Tuluá como una prueba de que no existe protección alguna desde su Gobierno hacia estructuras criminales y sostuvo que la decisión demuestra coherencia con su discurso contra el narcotráfico.

La divulgación del audio vuelve a poner en el centro del debate el denominado “Pacto de La Picota” y reabre interrogantes sobre las visitas a cárceles durante la campaña presidencial y la eventual financiación ilegal de la candidatura de Petro. También deja abierta una pregunta clave: ¿por qué estas acusaciones no fueron presentadas antes por Marín y solo aparecen tras su extradición?

El caso de alias Pipe Tuluá estuvo atravesado por controversias previas relacionadas con la política de “Paz Total”. Antes de firmarse su extradición, el cabecilla intentó presentarse como un actor capaz de reducir la violencia en Tuluá a cambio de beneficios judiciales y el freno de su envío a Estados Unidos, pese a no tener estatus político y enfrentar cargos por narcotráfico.

Durante 2023 y 2024 se produjeron gestiones, recursos judiciales y debates alrededor de su posible inclusión indirecta en ese proceso, lo que encendió alertas en sectores judiciales y diplomáticos. Para autoridades colombianas y estadounidenses, el riesgo de que la “Paz Total” se convirtiera en un escudo contra la extradición aceleró las decisiones finales.

La extradición se concretó el martes 3 de febrero de 2026 en un operativo que inició a la 1:30 a. m. desde la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, con la participación de más de 70 uniformados, drones y helicópteros. Marín fue trasladado a la base aérea de CATAM y entregado a agentes de la DEA, requerido por la Corte del Distrito Este de Texas por cargos de conspiración para distribuir cocaína.

Según autoridades estadounidenses, alias Pipe Tuluá lideraba una organización criminal con capacidad para enviar cargamentos de cocaína a través de rutas que incluían Panamá y México, utilizando lanchas rápidas, buques, semisumergibles, aeronaves y transporte terrestre. Las investigaciones lo señalan como coordinador directo con carteles mexicanos y responsable de una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos.

Mientras las autoridades de Estados Unidos avanzan en el proceso judicial, en Colombia el audio difundido deja abiertas múltiples incógnitas políticas y judiciales, a la espera de que las supuestas pruebas anunciadas por Marín sean conocidas y evaluadas por las autoridades competentes.