La gobernadora del Valle del Cauca defendió la suspensión del decreto de emergencia económica y aseguró que el aumento al impuesto de licores y cigarrillos ponía en riesgo la financiación de la salud y otros derechos fundamentales de la población más vulnerable.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció tras la decisión de la Corte Constitucional de frenar de manera provisional el decreto de emergencia económica que modificaba el impuesto al consumo de licores y cigarrillos, una medida que, según explicó, ponía en riesgo directo las finanzas departamentales y el acceso a derechos fundamentales para la población más vulnerable.

Toro señaló que los recursos provenientes del consumo de licores y tabaco no son ingresos marginales, sino una fuente esencial para financiar programas de salud pública, educación y deporte, tal como lo establece la Constitución. En el caso del Valle del Cauca, explicó que estos recursos permiten cubrir una parte sustancial del régimen subsidiado de salud, del cual dependen cientos de miles de personas de bajos ingresos.

La mandataria advirtió que una disminución en estos recaudos tendría consecuencias inmediatas sobre el sistema de salud, en un contexto ya marcado por dificultades en la entrega de medicamentos, retrasos en los pagos a clínicas y hospitales y tensiones financieras en las EPS. En ese sentido, celebró la suspensión del decreto, al considerar que evita un deterioro aún mayor de la atención a los pacientes más pobres.

“Es muy importante que se haya suspendido los efectos del decreto porque, así no van a disminuir los ingresos, miren los problemas de salud que hay, si nos disminuyen los recursos el problema será mayor. Nosotros pagamos casi 700 mil millones de pesos a la ADRES para poder lograr que las personas más pobres tengan servicio de salud, eso es lo que no se dice a veces, pero en eso es que estamos invirtiendo los recursos de salud”, afirmó la gobernadora.

Dilian Francisca Toro también respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sostuvo que la decisión de la Corte Constitucional buscaba evitar que los “mega ricos” pagaran impuestos por el consumo de licores y cigarrillos. Frente a esa afirmación, la gobernadora fue enfática en señalar que, en la práctica, quienes asumen el impacto de estos impuestos no son los grandes capitales, sino los sectores populares.

“Los que están llorando son los pobres pacientes que no tienen medicamentos, los servicios de salud se los niegan, las EPS no pagan a tiempo las clínicas y hospitales, esos son los que están llorando. Los ‘mega ricos’ no viven aquí, ellos viven en otros países y además no toman aguardiente. El aguardiente que se toma aquí, se lo toma la gente que realmente aporta para que nosotros podamos sostener la salud”, sostuvo Toro.

Desde su rol como vocera de la Federación Nacional de Departamentos, la gobernadora explicó que los mandatarios regionales solicitaron a la Corte Constitucional la posibilidad de intervenir formalmente en el proceso para exponer el impacto técnico y social del decreto, antes de que se adopte una decisión definitiva. Reiteró que las rentas provenientes de licores y cigarrillos tienen una protección constitucional expresa y no pueden ser modificadas por decreto.

“Ya solicitamos a la Corte que nos diera la oportunidad de intervenir a los gobernadores para explicar esto que hemos venido haciendo. Creemos que constitucionalmente estamos protegidos porque es una renta de constitucionalidad. No es una ley, fue la misma Constitución la que estableció que esas rentas fueran cedidas a los departamentos para Salud, Educación y Deportes”, explicó.

Con la suspensión del decreto, la Gobernación del Valle del Cauca considera que se garantiza un respiro a las finanzas departamentales y se protege la continuidad de la inversión en hospitales, instituciones educativas y escenarios deportivos, mientras la Corte Constitucional evalúa de fondo la constitucionalidad de la medida adoptada por el Gobierno Nacional.