La Registraduría Nacional y la Misión de Observación Electoral advierten que el 40 % de los municipios analizados presentan riesgo de interferencia armada en el proceso electoral, con focos críticos en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.

El proceso electoral que se avecina en Colombia enfrenta un escenario de alto riesgo en amplias zonas del país. Así lo advirtió el registrador nacional, Hernán Penagos, al revelar que en el 40 % de los 312 municipios evaluados por las autoridades existe un interés político-electoral de grupos armados ilegales, una situación que podría afectar la seguridad, la participación ciudadana y la transparencia de los comicios.

De acuerdo con este diagnóstico preliminar, los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentran la mayor cantidad de hechos violentos asociados a la actividad política y electoral. Estas regiones, históricamente golpeadas por el conflicto armado y las economías ilegales, aparecen nuevamente como los principales focos de alerta de cara a las elecciones.

Las cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE) respaldan esta preocupación. El organismo documentó 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución del 23 % frente a 2021, el análisis revela una tendencia inquietante: la violencia se ha concentrado cada vez más en actores políticos, quienes fueron víctimas del 59 % de las agresiones registradas.

Según la MOE, los liderazgos políticos experimentaron un aumento del 15 % en los ataques frente al periodo anterior. Más grave aún es el repunte de la violencia letal. Los asesinatos de líderes políticos pasaron de 50 casos en 2021 a 61 en 2025, lo que representa un incremento del 22 %. A esto se suma un aumento significativo en la severidad de las agresiones, reflejado en los secuestros, que pasaron de un solo caso a 11 en el mismo periodo.

Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE, advirtió que estas cifras muestran una mutación del riesgo electoral. Aunque disminuyen algunos tipos de agresión, aumentan aquellas que buscan silenciar o retirar del escenario político a candidatos, líderes y activistas, especialmente en territorios donde grupos armados ilegales buscan controlar decisiones locales y resultados electorales.

Frente a este panorama, el registrador Hernán Penagos anunció una estrategia de articulación interinstitucional entre la Contraloría General, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía Nacional y el Ejército, con el objetivo de conformar un frente común contra los delitos electorales. Esta coordinación busca fortalecer la prevención, garantizar la seguridad del proceso y enviar un mensaje de disuasión a quienes pretendan interferir de manera ilegal en las elecciones.

“Esta articulación interinstitucional envía un mensaje claro de disuasión del delito y de confianza a la ciudadanía en la realización de elecciones libres, transparentes e íntegras”, señaló Penagos durante la primera sesión de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales. El registrador precisó que el enfoque no será de persecución indiscriminada, sino de prevención, pedagogía y control focalizado en prácticas ilegales como la trashumancia electoral.

En la misma sesión, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, informó que la Fiscalía avanza en la construcción de un mapa de riesgo electoral, elaborado a partir de información de distintas fuentes institucionales. Este instrumento permitirá identificar los principales factores de amenaza en cada territorio y orientar la acción del Estado antes y durante la jornada electoral.

Camargo anunció además que el día de las elecciones se instalarán puntos especiales de recepción de denuncias en las zonas de mayor riesgo y se habilitarán canales presenciales y virtuales para facilitar que la ciudadanía reporte irregularidades, presiones o hechos violentos relacionados con el proceso electoral.

Según la Registraduría, este mapa de riesgo será clave para la planificación logística y de seguridad de las elecciones. Permitirá definir la ubicación de puestos y mesas de votación, reforzar la coordinación con la Fuerza Pública y las autoridades de control, y concentrar los esfuerzos institucionales en los municipios más vulnerables, donde la violencia política sigue siendo una amenaza directa a la democracia.