Un informe de la Fundación Ideas para la Paz advierte que 2025 fue el año más violento de la última década en enfrentamientos armados, con expansión territorial, más reclutamiento y nuevas formas de guerra.

El panorama de seguridad en Colombia cerró 2025 con una de sus cifras más preocupantes de la última década. De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales alcanzaron más de 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5 % frente al cierre de 2024. En términos absolutos, más de 5.000 personas se sumaron a estas estructuras en apenas un año, consolidando un fortalecimiento sostenido que impactó de manera directa la estabilidad territorial y humanitaria del país.

El análisis señala que, lejos de debilitarse, los principales actores armados lograron resistir la presión estatal y ampliar su capacidad de reclutamiento. El Clan del Golfo lideró el aumento de integrantes, seguido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), comandadas por alias ‘Iván Mordisco’. Según el documento, ni las operaciones militares ni los procesos de diálogo, negociación o sometimiento lograron frenar la expansión de estas organizaciones, que siguen encontrando terreno fértil en regiones con baja presencia institucional y limitadas oportunidades económicas.

El balance de 2025 también dejó en evidencia un incremento significativo de la confrontación armada. Fue el año más violento de la última década en términos de enfrentamientos entre grupos ilegales, con un aumento del 34 % frente a 2024. Las disputas internas, las rupturas entre facciones y la competencia por el control de rutas estratégicas y economías ilícitas ampliaron el mapa del conflicto. Al menos 13 zonas del país permanecieron en disputa activa, casi el doble de las registradas al inicio del actual Gobierno, lo que incrementó los riesgos para comunidades rurales y poblaciones étnicas.

Otro elemento destacado del informe es la transformación de las dinámicas de guerra. Durante 2025 se consolidó el uso de drones cargados con explosivos como una herramienta recurrente de los grupos armados. Se contabilizaron 277 ataques de este tipo, más del doble de los registrados el año anterior, con una participación predominante de las disidencias del Estado Mayor Central. Esta modalidad redujo costos operativos para los ilegales y aumentó la letalidad de los ataques, elevando los riesgos tanto para la Fuerza Pública como para la población civil.

Las consecuencias humanitarias también se profundizaron. El desplazamiento forzado aumentó un 85 % en comparación con el año anterior, impulsado en gran medida por la crisis en el Catatumbo y otras regiones en disputa. Aunque los homicidios solo registraron un leve repunte del 3 %, los expertos advierten que esta aparente estabilidad no refleja una reducción del poder armado, sino un ajuste estratégico de los grupos ilegales para evitar afectar sus economías criminales. En contraste, el secuestro se disparó más de 130 %, con un patrón cada vez más urbano y un uso creciente con fines extorsivos.

El informe concluye que el tiempo restante del actual Gobierno no puede convertirse en un argumento para aplazar decisiones de fondo. La Fundación Ideas para la Paz insiste en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, mejorar la investigación criminal y la respuesta judicial, y redefinir los alcances y límites de la política de Paz Total. De no introducir ajustes estructurales, advierten los analistas, la violencia seguirá marcando el ritmo del país en un año atravesado por el calendario electoral.