El presidente responsabilizó a la embajadora en el Reino Unido por la designación de interventores cuestionados en el sistema de salud; Sarabia negó los señalamientos y anunció acciones judiciales.

El Gobierno nacional enfrenta una nueva ruptura interna que esta vez tiene como protagonistas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia, una de sus funcionarias más cercanas durante buena parte del mandato y hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido. La confrontación se hizo pública luego de que el jefe de Estado la señalara directamente como responsable de haber facilitado la llegada de interventores cuestionados a la Superintendencia de Salud, lo que, según él, habría hecho perder un año clave de la reforma al sistema.

Durante una intervención pública, Petro afirmó que Sarabia permitió el ingreso de hojas de vida que él no avaló y que terminaron siendo utilizadas para nombrar interventores que desviaron recursos del sector salud. En sus declaraciones, el presidente aseguró que fue engañado y que esta situación afectó gravemente la intervención a las EPS y el avance de la reforma estructural. Además, sostuvo que algunos de esos funcionarios “fueron a hacer business” con los recursos del sistema, reconociendo implícitamente fallas graves en la ejecución de su política pública en salud.

Las acusaciones del mandatario no solo apuntaron a Sarabia, sino que también se refirieron al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien salió del cargo tras advertir presuntas irregularidades en el manejo de recursos. Petro aseguró que ha sido traicionado en varias ocasiones dentro de su propio Gobierno, una afirmación que elevó el tono político del conflicto y evidenció el desgaste interno en la administración.

Laura Sarabia respondió inicialmente a través de redes sociales, donde negó de manera categórica haber participado en la designación de interventores en salud. Aseguró que su gestión fue “trazable” y que existe documentación y conversaciones digitales que respaldan su versión. Según ella, tanto el presidente como el ministro de Salud conocían desde hace más de un año su postura frente a estos señalamientos.

Posteriormente, su abogada, Lina Sandoval Echavarría, hizo pública una carta dirigida a la Fiscalía General de la Nación en la que anunció la entrega de conversaciones digitales que, según la defensa, demostrarían que Sarabia no tuvo ninguna injerencia en los nombramientos cuestionados. En el mismo documento, la jurista solicitó formalmente que el presidente Gustavo Petro sea llamado a declarar dentro de la investigación, un hecho que escaló el conflicto a un plano judicial sin precedentes entre un jefe de Estado y una alta funcionaria de su propio Gobierno.

En la carta también se pidió investigar a la persona que habría suministrado información falsa al presidente sobre la supuesta participación de Sarabia en el entramado. Este movimiento dejó en evidencia la profundidad de la ruptura y abrió un nuevo frente de tensión política y jurídica en el Ejecutivo.

El trasfondo del conflicto se conecta con las denuncias conocidas hace más de un año sobre un presunto entramado para el desvío de recursos de la salud. Investigaciones periodísticas revelaron la existencia de una empresa creada en España, Venum Investments 2020, que habría funcionado como casa matriz de al menos 18 IPS en Colombia. Estas entidades, a diferencia de otras instituciones afectadas por la crisis financiera del sector, recibieron importantes giros del Estado durante los últimos años.

De acuerdo con dichas investigaciones, las operaciones de esa firma comenzaron a fortalecerse a partir de 2022, coincidiendo con el inicio del gobierno de Gustavo Petro. El entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, habría advertido al presidente sobre esos movimientos y trasladado información a la Fiscalía antes de ser retirado de su cargo, sin que las pesquisas avanzaran plenamente. En ese contexto, sectores políticos y mediáticos han señalado que detrás de esos intereses podrían existir influencias internas aún no esclarecidas.