Los aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia confrontaron sus propuestas en economía, salud, educación y seguridad, dejando claras las diferencias de enfoque y los liderazgos que comienzan a consolidarse de cara a la votación del 8 de marzo.

El debate de los candidatos que integran la Gran Consulta por Colombia se convirtió en el primer gran escenario de contraste programático y político entre quienes aspiran a liderar una coalición de centroderecha con el objetivo explícito de derrotar al petrismo en las elecciones presidenciales de 2026. Durante dos horas, y bajo la organización conjunta de La FM, El Tiempo y RCN, nueve aspirantes expusieron sus visiones frente a los temas que hoy dominan la agenda nacional: economía, salud, educación y seguridad.

Desde el inicio, el bloque económico marcó el tono del encuentro. Las preguntas sobre salario mínimo, pensiones, deuda externa, política energética y reforma tributaria evidenciaron diferencias claras entre los candidatos, aunque también coincidencias en el diagnóstico: el país atraviesa una crisis de confianza y de sostenibilidad fiscal. Juan Carlos Pinzón fue uno de los más enfáticos al plantear una reducción drástica del gasto público y la burocracia estatal, proponiendo recortes en consulados y nóminas paralelas como mecanismo para aliviar las finanzas públicas y reactivar la economía. En una línea similar, Mauricio Cárdenas reconoció la gravedad del panorama fiscal y defendió la necesidad de reducir el gasto sin afectar directamente a los ciudadanos, apostando por eficiencia y racionalización del Estado.

David Luna centró su intervención en el sistema pensional, rechazando cualquier aumento en la edad de jubilación y subrayando que el verdadero problema radica en la informalidad laboral y en la falta de confianza de los jóvenes en el sistema. Su planteamiento apuntó a la formalización como eje de sostenibilidad a largo plazo, más que a ajustes impopulares. En materia energética, Paloma Valencia propuso una visión de Colombia como potencia regional, con énfasis en la autosuficiencia en gas y la reducción de precios, mientras que Juan Manuel Galán insistió en que la clave para el crecimiento económico está en la productividad y en la recuperación de la confianza institucional.

Aníbal Gaviria llevó la discusión al terreno de la relación entre el Estado y el sector privado, señalando que la incertidumbre actual ha frenado la inversión y que su eventual gobierno buscaría reconstruir esa relación sobre la base de reglas claras, estables y respetuosas. Enrique Peñalosa, por su parte, enfocó su discurso en la crisis del sector de la construcción y la vivienda, responsabilizando a las políticas del actual Gobierno por el freno a uno de los principales motores del empleo urbano. Su propuesta giró en torno a una intervención activa del Estado para promover tanto la vivienda nueva como la usada, con énfasis en la expansión urbana planificada.

El sistema de salud fue otro de los ejes que generó mayor consenso entre los aspirantes, especialmente en la crítica al manejo del Gobierno de Gustavo Petro. La mayoría coincidió en que la crisis actual es resultado de decisiones políticas que han debilitado la relación con las EPS y afectado directamente a los pacientes. Cárdenas habló de un plan de choque para garantizar la entrega de medicamentos, mientras que Juan Daniel Oviedo defendió la permanencia de las EPS bajo un esquema de vigilancia estricta para evitar la corrupción. Pinzón fue más directo al señalar que los problemas del sistema responden a una intención de estatización impulsada por razones ideológicas.

En educación, las propuestas giraron alrededor de la cobertura y la equidad. Paloma Valencia anunció que retomaría programas como Ser Pilo Paga y Generación E, además de crear cientos de miles de cupos de formación corta para jóvenes que no estudian ni trabajan. Juan Manuel Galán, en cambio, enfatizó una mirada de largo plazo centrada en la niñez y en el fortalecimiento de la independencia económica de las mujeres como eje de transformación social.

La seguridad fue, sin duda, uno de los momentos más intensos del debate. Vicky Dávila marcó una postura de confrontación directa contra la extorsión y el crimen organizado, planteando incluso la cooperación internacional para establecer fondos de recompensas. Paloma Valencia propuso una reforma profunda a la justicia apoyada en herramientas de inteligencia artificial para agilizar procesos y una estrategia frontal contra el narcotráfico que incluyera extinción de dominio y un eventual “Plan Colombia 2.0”. El énfasis en recuperar el control territorial y enfrentar con contundencia a los grupos armados fue una constante en la mayoría de intervenciones.

Aunque resulta prematuro declarar un ganador absoluto, el debate dejó señales claras. En redes sociales, las intervenciones de Paloma Valencia tuvieron una amplia resonancia, seguidas por las de Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo. No es un dato menor que Valencia aparezca actualmente liderando las encuestas dentro de esta consulta, aunque será la votación del próximo 8 de marzo la que defina quién se convierte en el candidato único de esta alianza.

Más allá de nombres y desempeños individuales, el debate confirmó que la Gran Consulta avanza con un objetivo común: consolidar una alternativa política capaz de capitalizar el descontento con el Gobierno actual y presentar una propuesta unificada para las presidenciales de 2026. El verdadero reto, a partir de ahora, será traducir estas propuestas en una narrativa cohesionada que logre movilizar a un electorado diverso y exigente.