Un líder social del municipio denunció presuntos vínculos familiares del exalcalde y hoy candidato a la Cámara, Andrés Felipe Ramírez, con estructuras históricas del narcotráfico en el Valle del Cauca, así como posibles irregularidades durante su administración.

Una denuncia realizada por un líder social del municipio de Jamundí ha desatado una nueva controversia política en el Valle del Cauca y ha puesto en el centro del debate público la candidatura a la Cámara de Representantes de Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de ese municipio y figura cercana al representante del Partido Verde, Duvalier Sánchez. El señalamiento apunta a presuntos nexos familiares directos con estructuras históricas del narcotráfico vallecaucano y a posibles irregularidades ocurridas durante su administración municipal.

Según la denuncia, Ramírez sería sobrino de Delia Nohora Ramírez, quien fue cuñada de Elmer “Pacho” Herrera, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali. Herrera fue ampliamente documentado por las autoridades judiciales como uno de los principales articuladores del narcotráfico en el suroccidente colombiano, con influencia en múltiples operaciones de lavado de activos, adquisición de tierras y penetración en economías locales durante los años noventa.

El líder social sostiene que este vínculo familiar no es un hecho aislado, sino que estaría acompañado de presuntas omisiones administrativas durante la alcaldía de Ramírez. De acuerdo con la acusación, varios predios del municipio habrían sido utilizados para operaciones irregulares relacionadas con lavado de dinero sin que existiera una acción efectiva por parte del gobierno local para investigarlos o intervenirlos.

Entre los casos señalados aparece el terreno conocido como la llamada “Urbanización de la Felicidad”, un proyecto promovido y publicitado durante la administración de Ramírez como una iniciativa de desarrollo urbano y vivienda. Según la denuncia, dicho lote habría sido utilizado como mecanismo para legalizar recursos de origen ilícito, replicando dinámicas similares a otros predios de la misma zona que, durante ese periodo, habrían cambiado de uso, valor y titularidad sin controles claros por parte de las autoridades municipales.

La denuncia también incluye un señalamiento grave: la presunta autorización, durante la alcaldía de Ramírez, de una estación de gasolina ilegal ubicada en la parte alta de Jamundí. De acuerdo con el líder social, esta infraestructura habría operado sin cumplir los requisitos legales y habría servido para abastecer a operadores vinculados al narcotráfico que se movilizan por corredores estratégicos entre Jamundí, el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Estas acusaciones se producen en un contexto político especialmente sensible, dado el respaldo político que Ramírez ha recibido de sectores cercanos a Duvalier Sánchez, representante del Partido Verde, quien también ha estado envuelto en polémicas recientes por denuncias de violencia política de género y por su influencia en la estructura política regional. Para sectores críticos, este caso evidencia cómo redes de poder local, vínculos familiares y economías ilegales siguen cruzándose en la política territorial.

Aunque las denuncias no han sido aún judicializadas, el caso reabre el debate sobre la necesidad de mayor escrutinio público y control político en regiones históricamente golpeadas por el narcotráfico y la captura de instituciones locales. En plena antesala electoral, Jamundí vuelve a quedar en el centro de cuestionamientos sobre quiénes ejercen el poder y bajo qué silencios.