La Contraloría General advirtió que, pese al aumento del giro directo del Gobierno a través de la Adres, la red pública hospitalaria enfrenta un deterioro financiero acelerado que amenaza la continuidad de la atención en todo el país.

La crisis financiera del sistema de salud colombiano continúa profundizándose, pese a los anuncios oficiales sobre mayores recursos para los hospitales públicos. Así lo advirtió la Contraloría General de la República, que alertó sobre el grave deterioro del flujo de dinero hacia la red pública hospitalaria, una situación que ya había sido advertida desde 2023 y que, lejos de corregirse, se ha agravado de manera acelerada.

De acuerdo con el ente de control fiscal, el análisis de los registros de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y de las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado (ESE) demuestra que los riesgos identificados hace dos años no solo persisten, sino que hoy representan una amenaza directa para la sostenibilidad del sistema. El incremento de la cartera hospitalaria, la falta de flujo efectivo y la acumulación de deudas están afectando de forma directa la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios de salud que reciben millones de colombianos.

La Contraloría señaló que continúan presentándose pagos incompletos, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluidas aquellas que se encuentran bajo intervención del Gobierno nacional, frente a servicios financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este incumplimiento sistemático ha generado un escenario crítico para los hospitales públicos, que operan con recursos limitados y una presión creciente sobre su capacidad financiera.

El informe detalla que la deuda acumulada de las seis EPS con mayores obligaciones creció cerca de un 42 % entre 2024 y 2025, pasando de $4,5 billones a $6,4 billones. En 2024, los hospitales públicos facturaron $18,8 billones, pero solo recibieron pagos por $15,7 billones, lo que equivale al 84 % del total facturado y dejó una cartera pendiente del 16 %. En 2025, el panorama empeoró: se facturaron $16,3 billones y apenas se pagaron $12,6 billones, es decir, solo el 77 %, incrementando la cartera impaga al 23 %.

Otro de los hallazgos más preocupantes es la distribución del giro directo. Aunque este mecanismo fue concebido para fortalecer a los prestadores públicos, la Contraloría evidenció que en 2025 el 67,7 % de estos recursos terminó en manos de prestadores privados, mientras que los hospitales públicos solo recibieron el 23,2 %, lo que refleja una asignación inequitativa de los recursos del sistema.

El deterioro financiero impacta a toda la red pública hospitalaria. En el primer nivel de atención, el porcentaje de pagos cayó del 85 % al 81 %. En el segundo nivel, considerado el de peor desempeño, los pagos descendieron del 80 % al 74 %. En el tercer nivel, que agrupa hospitales de alta complejidad y alto costo, la reducción fue aún más marcada: del 87 % al 76 %, comprometiendo la viabilidad de instituciones clave para la atención especializada.

La Contraloría advirtió que, aunque el giro directo de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) aumentó en promedio mensual de $846.000 millones en 2024 a $1,076 billones en 2025, un incremento del 27,2 %, este aumento no se ha traducido en una reducción de la cartera hospitalaria. Por el contrario, la deuda total de la red pública pasó de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un crecimiento del 30 % en apenas nueve meses.

En ese contexto, el ente de control reiteró su preocupación por la situación de la Nueva EPS, que continúa sin presentar estados financieros desde 2023, pese a los reiterados requerimientos de la Contraloría. Además, instó a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales que garanticen el flujo oportuno de recursos hacia los hospitales públicos.

Según la Contraloría, de no corregirse esta situación, el país podría enfrentar un colapso de la red pública hospitalaria, con consecuencias directas sobre el derecho fundamental a la salud, reflejadas en la cancelación de citas, la suspensión de procedimientos, el desabastecimiento de medicamentos y la imposibilidad de garantizar atención digna a la población más vulnerable.