La más reciente sentencia contra Salvatore Mancuso por crímenes cometidos en La Guajira vuelve a poner en el centro del debate su rol como gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro y las tensiones entre justicia, memoria y decisiones políticas.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 crímenes perpetrados en el departamento de La Guajira entre 2002 y 2006, una decisión que vuelve a poner bajo escrutinio su papel como gestor de paz del Gobierno nacional. La sentencia establece que estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia, en particular el denominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, actuaron bajo lineamientos definidos por los máximos jefes paramilitares, entre ellos Mancuso, para ejecutar homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, violencia basada en género y otras graves violaciones a los derechos humanos contra comunidades indígenas y población civil.

El fallo judicial detalla episodios de extrema violencia que marcaron profundamente a las comunidades wayúu del norte del país. Uno de los hechos más graves ocurrió el 10 de octubre de 2003 en la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, donde durante varias horas hombres armados sometieron a torturas a miembros de la comunidad, destruyeron viviendas y se apropiaron de bienes de alto valor cultural como chinchorros, mochilas, mantas y sombreros, elementos que no solo tenían un significado simbólico sino que constituían el sustento económico de las familias afectadas. A estos hechos se suman asesinatos como el ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, donde dos indígenas wayúu fueron ejecutados en el marco de la expansión paramilitar en la región.

Según la sentencia, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y llegó a tener cerca de 150 hombres armados, convirtiéndose en una pieza clave para la consolidación del control territorial de las AUC en amplias zonas de La Guajira y sectores cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta. La violencia sistemática contra la población civil fue utilizada como mecanismo para imponer dominio, desplazar comunidades enteras y asegurar corredores estratégicos, dejando una huella de terror que aún persiste en la memoria colectiva de los pueblos indígenas afectados.

Como parte de la decisión, el tribunal reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades wayúu asentadas en Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha, un reconocimiento que busca avanzar en procesos de reparación integral frente a los daños causados por la acción paramilitar. Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, la condena se enmarca dentro del modelo de la Ley de Justicia y Paz, que establece una pena alternativa máxima de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento estricto de los compromisos de verdad, reparación y no repetición.

Esta nueva condena revive el debate sobre la figura de Mancuso como gestor de paz, rol que le fue otorgado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras su regreso a Colombia en 2023, luego de haber pasado 17 años en una prisión de Estados Unidos. Desde el punto de vista jurídico, la sentencia no implica automáticamente la pérdida de dicha designación, ya que el cargo de gestor de paz no es un empleo público ni está sujeto a los mismos requisitos de idoneidad o antecedentes penales. Se trata, en cambio, de una decisión política y administrativa que depende exclusivamente del Ejecutivo.

Sin embargo, el fallo refuerza las obligaciones que Mancuso tiene dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz y deja claro que cualquier incumplimiento en materia de verdad plena, reparación efectiva a las víctimas o garantías de no repetición podría derivar en la pérdida de los beneficios judiciales que hoy le permiten permanecer en libertad. En ese sentido, su rol como gestor de paz queda atado no solo a la voluntad del Gobierno, sino al escrutinio permanente de la justicia y de las víctimas, que siguen reclamando verdad completa sobre los crímenes cometidos y la reparación de los daños causados.

La permanencia de Mancuso en esta figura sigue generando profundas divisiones. Para algunos sectores, su participación puede aportar información clave sobre la relación entre paramilitarismo, política y Estado; para otros, representa una afrenta a las víctimas y un mensaje ambiguo frente a la gravedad de los crímenes cometidos. La nueva condena en La Guajira vuelve a poner en evidencia esa tensión no resuelta entre los objetivos de la paz, las decisiones políticas del Gobierno y la necesidad de justicia para comunidades históricamente golpeadas por la violencia armada.