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            • Valle del Cauca

            Tras una reunión sin acuerdos con el Ministerio de Hacienda, la gobernadora del Valle del Cauca advirtió que los decretos de emergencia económica ponen en riesgo la financiación del régimen subsidiado de salud y afectan de manera directa a las poblaciones más vulnerables del país.

            La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que la reunión sostenida con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no dejó acuerdos ni soluciones frente a los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica. Al término del encuentro, la mandataria fue clara al afirmar que “no llegamos a nada”, una conclusión que refleja el profundo desacuerdo entre el Gobierno nacional y los gobernadores sobre el manejo de las rentas cedidas por el consumo de licores y cigarrillos, recursos que históricamente han sido fundamentales para la financiación de servicios básicos en los departamentos.

            Dilian insistió en que la discusión trasciende cualquier diferencia política y se centra en la protección de derechos fundamentales, especialmente el acceso a la salud de millones de colombianos. Explicó que en el Valle del Cauca el 49 % de las rentas de la Industria de Licores y el 100 % de los impuestos al consumo de cigarrillos se destinan al financiamiento del régimen subsidiado de salud. Estos recursos permiten cumplir con las obligaciones de pago al ADRES y, en consecuencia, garantizar que las EPS puedan seguir prestando servicios a la población más vulnerable. La gobernadora advirtió que, de aplicarse el decreto como está planteado, los departamentos quedarían sin capacidad financiera para cubrir estas obligaciones, lo que pondría en riesgo la continuidad del sistema de salud para quienes dependen exclusivamente del régimen subsidiado.

            La mandataria fue enfática al señalar que el impacto no sería menor ni abstracto. En términos concretos, el Valle del Cauca enfrentaría una afectación cercana a los 120.000 millones de pesos solo por el impuesto al cigarrillo. Esta pérdida de ingresos se suma a un contexto ya complejo, marcado por el avance del contrabando y la presencia de estructuras criminales que controlan una parte significativa del mercado ilegal. Según explicó Toro, actualmente cerca del 40 % del comercio de cigarrillos en el departamento está en manos de organizaciones dedicadas al contrabando, una situación que se vería agravada con el aumento de los impuestos, al encarecer los productos legales y estimular aún más el consumo de mercancía ilícita.

            La gobernadora también alertó sobre el efecto dominó que tendría esta política en la industria legal de licores, uno de los principales motores financieros de los departamentos. El incremento de la carga tributaria, sumado a la centralización de los recursos en el nivel nacional, no solo debilita la capacidad fiscal de las regiones, sino que las deja con el peso social y económico del contrabando, mientras los ingresos adicionales se concentran en el Gobierno central. Para Toro, este modelo rompe el equilibrio constitucional que reconoce las rentas de licores y cigarrillos como recursos cedidos a los departamentos.

            Frente a los señalamientos de “rebelión” por parte de algunos sectores del Gobierno, la gobernadora aclaró que los mandatarios regionales están actuando dentro del marco de la ley y agotando las vías institucionales. En ese sentido, confirmó que la Federación Nacional de Departamentos presentará una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se decrete la suspensión provisional de los efectos del decreto en lo relacionado con licores y cigarrillos, mientras el alto tribunal se pronuncia de fondo sobre su constitucionalidad.

            Toro reiteró que la posición de los gobernadores no busca confrontar al Gobierno nacional, sino advertir sobre las consecuencias reales que estas decisiones tendrían en la vida cotidiana de los ciudadanos. A su juicio, sin recursos suficientes, los departamentos no solo verán comprometida la salud, sino también la educación, el deporte y otros servicios esenciales, lo que terminaría profundizando las desigualdades regionales y afectando de manera directa a quienes menos tienen.

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