Una denuncia del exconcejal Daniel Briceño revela que RTVC destinará más de 450 millones de pesos para demandarlo, mediante un contrato adjudicado a una firma vinculada a la esposa del exfiscal Eduardo Montealegre, en medio de una creciente polémica por presunta persecución política.

La controversia alrededor del Sistema de Medios Públicos RTVC escaló a un nuevo nivel tras la denuncia pública del exconcejal de Bogotá y actual candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien aseguró que la entidad destinó más de 455 millones de pesos de recursos públicos para demandarlo judicialmente. Lo que más ha generado cuestionamientos no es solo el monto del contrato, sino el vínculo de la empresa contratada con el exfiscal general y exministro de Justicia Eduardo Montealegre, uno de los principales aliados políticos del presidente Gustavo Petro.

Según lo expuesto por Briceño, RTVC, bajo la dirección de Hollman Morris, suscribió un contrato por $455.400.000 con la empresa Economía, Derecho y Sociedad S. A. S., firma que sería propiedad de la esposa de Montealegre. El objeto del contrato consiste en la prestación de servicios jurídicos para adelantar acciones legales contra el exconcejal, a quien RTVC acusa de realizar “señalamientos sistemáticos” que afectarían el buen nombre y la reputación de la entidad. El contrato tendría una duración de once meses y sería financiado con recursos públicos.

La denuncia se produce luego de una serie de revelaciones hechas por Briceño sobre presuntas presiones políticas al interior de RTVC. En audios conocidos públicamente, se escucha al subgerente de la entidad, Luis Alfredo Hernández, sugerir que la permanencia laboral de trabajadores de las emisoras estaría condicionada a su respaldo político a un proyecto que busca garantizar la continuidad del sistema hasta el año 2031. En una de las grabaciones, Hernández afirma que para lograr ese objetivo es necesario “contar con la ayuda de los que están” y que se evaluará quiénes “están sumando” políticamente.

Tras la divulgación de estos audios, RTVC reaccionó anunciando acciones judiciales y disciplinarias contra Briceño, argumentando que sus denuncias buscan desprestigiar a la entidad y a sus funcionarios. En un comunicado oficial, el sistema de medios públicos señaló que defenderá su credibilidad y la de sus colaboradores frente a lo que calificó como ataques reiterados por parte del candidato del Centro Democrático.

Briceño, por su parte, calificó la situación como un caso de persecución política financiada con los impuestos de los colombianos. Afirmó que resulta especialmente grave que una entidad pública destine una suma tan alta de recursos para demandar a un ciudadano que ha ejercido control político y ha denunciado posibles irregularidades administrativas. Además, cuestionó el evidente conflicto de intereses que, a su juicio, supone contratar a una firma vinculada familiarmente a un exfiscal cercano al Gobierno nacional para adelantar acciones legales contra un opositor.

El episodio también ha estado acompañado de un ambiente de hostigamiento político. Briceño denunció que, tras sus revelaciones, ha sido objeto de ataques verbales y agresiones por parte de personas afines al Pacto Histórico. Uno de los hechos más graves ocurrió el pasado 15 de enero, cuando, en medio de movilizaciones políticas, él y la activista Jerome Sanabria fueron increpados, insultados y agredidos físicamente en inmediaciones de la avenida El Dorado, en Bogotá. Según su relato, los agresores los acusaron de ser “vendidos al capital” y defensores de intereses extranjeros, en un episodio que terminó con escupitajos y el lanzamiento de objetos.

El caso ha reavivado el debate sobre el uso de los medios públicos, la independencia institucional y los límites entre la defensa jurídica legítima y la utilización del aparato del Estado para acallar críticas y denuncias incómodas. También ha puesto bajo la lupa la contratación pública en RTVC y la cercanía de algunos de sus contratistas con figuras clave del actual Gobierno, en un contexto de alta polarización política y electoral.