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El alto tribunal también dio vía libre a la extradición de alias ‘Max’, señalado de narcotráfico y vínculos con el cartel de Sinaloa, dejando la decisión final en manos del presidente Gustavo Petro.
La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, dio luz verde a la extradición de dos de los hombres más buscados por las autoridades de Estados Unidos por su presunto papel clave en redes de narcotráfico transnacional vinculadas al Clan del Golfo, organización criminal que recientemente fue designada por el gobierno estadounidense como grupo terrorista internacional.
Se trata de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de ‘Chiquito Malo’, señalado como el máximo cabecilla del Clan del Golfo, y de Camilo Esteban Betancourt Rosero, alias ‘Max’, quien ya se encuentra bajo custodia de las autoridades colombianas tras ser capturado en Cali.
De acuerdo con el concepto emitido por la Corte Suprema, ambos cumplen con los requisitos constitucionales y legales exigidos por Colombia para proceder con la extradición, lo que habilita al Gobierno Nacional para tomar la decisión final mediante la firma de los decretos respectivos.
En el caso de ‘Chiquito Malo’, la justicia estadounidense sostiene que el colombiano participó de manera consciente y voluntaria en un concierto para delinquir con el objetivo de poseer y distribuir sustancias ilícitas, en coordinación con otras personas, algunas de ellas a bordo de embarcaciones sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos.
Según el expediente remitido por las autoridades norteamericanas, los hechos imputados a Ávila Villadiego no fueron aislados, sino que se habrían desarrollado de manera sistemática y continuada durante varios años, como parte de una estructura criminal organizada dedicada al narcotráfico internacional.
La Corte Suprema precisó que ‘Chiquito Malo’ permanece prófugo, razón por la cual su extradición solo podrá hacerse efectiva una vez sea capturado. El cabecilla del Clan del Golfo es requerido por delitos como tráfico internacional de drogas y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, y además figura en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En Colombia, Ávila Villadiego enfrenta múltiples procesos judiciales por homicidio, uso de menores para la comisión de delitos, desplazamiento forzado y otros crímenes asociados al control territorial ejercido por la estructura criminal que lidera. Su ascenso como máximo jefe del Clan del Golfo se produjo tras la captura y posterior extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, en el año 2022.
Por su parte, Camilo Esteban Betancourt Rosero, alias ‘Max’, fue capturado en Cali, Valle del Cauca, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Las autoridades lo señalan como un operador clave del narcotráfico internacional, con presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa y actividades relacionadas con lavado de activos.
La justicia estadounidense lo acusa de concierto para delinquir y tráfico de drogas, delitos que, según los investigadores, habrían sido cometidos en coordinación con organizaciones criminales transnacionales, utilizando rutas que conectan a Colombia con Centroamérica, México y Estados Unidos.
Con el concepto favorable de la Corte Suprema, el proceso entra ahora en su fase definitiva, que depende exclusivamente del Ejecutivo. Será el presidente Gustavo Petro quien deba decidir si firma o no los decretos de extradición, una facultad discrecional que ha generado amplio debate político y jurídico en el país.
El alto tribunal estableció, no obstante, una condición expresa: en caso de que los extraditados sean absueltos, sobreseídos o declarados no culpables por la justicia estadounidense, deberá garantizarse su retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto de sus derechos fundamentales.
Este aval judicial se produce en un contexto de reconfiguración de la cooperación internacional contra el narcotráfico, marcado por la reciente decisión de Estados Unidos de catalogar al Clan del Golfo como organización terrorista, lo que podría endurecer aún más las acciones judiciales y operativas contra sus principales líderes.
