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La violencia entre grupos armados ilegales en la subregión del Catatumbo obliga a cientos de personas a huir hacia Cúcuta, mientras el conflicto armado continúa sin tregua desde 2025.
La crisis humanitaria en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, continúa agravándose debido a la violencia persistente entre grupos armados ilegales que luchan por el control territorial y de economías ilícitas. En los primeros seis días de 2026, más de 130 familias —alrededor de 300 personas— llegaron a Cúcuta tras abandonar sus hogares en zonas rurales de los municipios de Tibú y El Tarra, según alertó la Defensoría del Pueblo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que las familias desplazadas provienen de sectores como Mineiro y Pacelli en Tibú, así como de Filo El Gringo en El Tarra, donde continúan los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y el frente 33 de las disidencias de las Farc bajo alias “Calarcá”.
Las autoridades regionales, junto con la Personería de Cúcuta, han atendido de manera inmediata a estas familias, activando rutas de atención integral y garantizando asistencia humanitaria preliminar. Marín hizo un urgente llamado a los grupos armados para que cesen sus hostilidades y respeten a la población civil atrapada en medio del fuego cruzado, advirtiendo que la cifra real de desplazados podría ser aún mayor debido a las dificultades para registrar a todas las víctimas en áreas rurales de difícil acceso.
La violencia que se vive en el Catatumbo se remonta a enero de 2025, cuando se intensificaron las confrontaciones entre el ELN y las disidencias por el control de rutas y territorios estratégicos para economías ilícitas, lo que ha generado un desplazamiento masivo y prolongado. En 2025, la Defensoría y otras organizaciones contabilizaron decenas de miles de personas forzadas a dejar sus hogares en uno de los desplazamientos internos más graves de los últimos años.
Este desplazamiento reciente se da en medio de un dispositivo de seguridad que incluye un amplio despliegue del Ejército Nacional en Norte de Santander, con tropas operativas en pasos fronterizos oficiales y corredores irregulares. Aunque hasta ahora no se han reportado incidentes que alteren el orden público en estos puntos, la situación en el Catatumbo sigue siendo volátil y peligrosa para las comunidades rurales.
La intensificación de la violencia en el Catatumbo refleja la fragilidad del orden público en esta región fronteriza y la enorme vulnerabilidad de su población civil, que continúa pagando el precio más alto del conflicto armado entre grupos ilegales que se disputan el territorio sin que haya señales claras de una desescalada a corto plazo.
