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Un gobierno que prometió el cambio y entregó incumplimientos
En menos de un año, Gustavo Petro deberá abandonar la Presidencia de la República y entregar cuentas al país. Sin embargo, el balance de su gestión deja un panorama marcado por promesas rotas, discursos reciclados y una ejecución que no estuvo a la altura de las expectativas que él mismo sembró en campaña. Lo que se presentó como un “Gobierno del Cambio” terminó convertido, para muchos sectores, en una administración atrapada entre la retórica ideológica y la incapacidad operativa.
El informe de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND), elaborado por el Consejo Nacional de Planeación con base en datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y reportes territoriales, es contundente: el avance global del plan ronda apenas el 59 %. Con ese ritmo, cumplir la mayoría de metas antes de 2026 resulta poco menos que improbable. El documento advierte retrasos estructurales, falta de articulación con los territorios y una ejecución que no corresponde al tamaño de las promesas formuladas.
Uno de los símbolos más claros de ese desfase es el Ministerio de la Igualdad. Presentado como una de las apuestas insignia del petrismo, hoy es visto incluso por sectores afines al Gobierno como un elefante blanco: baja ejecución presupuestal, cuestionamientos de constitucionalidad y resultados concretos prácticamente inexistentes. Documentos, diagnósticos y discursos abundan; políticas transformadoras, no.
La reforma agraria fue uno de los pilares del discurso de Petro. El PND hablaba de hasta tres millones de hectáreas para campesinos. La realidad es otra: a 2025, la adjudicación efectiva no supera entre 11.000 y 17.000 hectáreas, según cifras oficiales. El rezago es tan profundo que incluso cumplir las metas intermedias se volvió inviable. Lo que se prometió como una transformación histórica del campo colombiano quedó reducido a anuncios y cifras marginales.
En materia de vivienda, el panorama tampoco es alentador. Programas como Mi Casa Ya fueron objeto de ajustes y anuncios reiterados, pero el déficit habitacional sigue prácticamente intacto. La ejecución presupuestal apenas alcanza el 38,34 %, y la inversión en vivienda de interés social y prioritaria quedó muy por debajo de lo necesario para cumplir las metas anunciadas.
En el sector social, el informe del CNP reconoce avances puntuales, como la ampliación de equipos básicos de salud, pero alerta sobre un deterioro financiero del sistema y un aumento del gasto de bolsillo de los hogares, que llegó al 11,3 %. En educación, aunque hubo mejoras en cobertura, persisten problemas estructurales de calidad, deserción escolar y una cobertura incompleta del PAE que afecta directamente a las regiones más vulnerables.
Quizás el mensaje más duro proviene de gobernaciones y alcaldías. El informe recoge quejas reiteradas por desarticulación con el Gobierno Nacional, rigideces presupuestales y proyectos estratégicos paralizados. El diseño del PND fue ambicioso, pero la ejecución no alcanzó ni para la medalla de participación. A Petro se le acabaron antes las hojas del calendario que los discursos justificando los retrasos.
Petro prometió, literalmente sobre mármol, no impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo hizo en 2018 para atraer apoyos del centro político y lo reiteró en 2022 durante debates presidenciales. Hoy, esa promesa yace enterrada. Desde 2024, el presidente revivió la idea de una constituyente como respuesta al fracaso de sus reformas en el Congreso, proponiendo incluso una papeleta en las elecciones de 2026. El giro no solo contradice su palabra, sino que plantea un riesgo evidente para la estabilidad institucional y abre la puerta a un proyecto de poder con tintes autoritarios.
Otra promesa incumplida fue la de profesionalizar la diplomacia. Petro criticó durante años el uso de embajadas como premios políticos. Ya en el poder, no solo mantuvo esa práctica, sino que pidió eliminar requisitos para nombrar embajadores. El resultado fue el aterrizaje de figuras políticas cercanas al poder, como Alfredo Saade o Armando Benedetti, exactamente lo que el hoy presidente decía combatir.
Aunque el Gobierno alivió intereses y promovió condonaciones parciales, la promesa de perdonar deudas del Icetex quedó a medias. De más de 433.000 deudores, solo el 35 % recibió algún tipo de alivio, y en muchos casos limitado a intereses, no al capital. El ingreso a la vida adulta sin deudas, uno de los grandes anzuelos de campaña, nunca llegó.
El discurso anticorrupción convivió con escándalos de gran calado: la financiación irregular de la campaña Petro Presidente; el caso de los carrotanques de la UNGRD en La Guajira; presuntos sobornos a congresistas; contratos cuestionados en múltiples entidades; y denuncias por tráfico de influencias. Lejos de erradicar la politiquería, el Gobierno terminó replicando viejas prácticas bajo nuevos discursos.
Petro prometió paz con el ELN en tres meses. A finales de 2025, esa guerrilla no solo sigue activa, sino fortalecida. Informes académicos y de la Fundación Paz y Reconciliación muestran a un ELN con presencia en cerca de 150 municipios y entre 2.300 y 2.800 combatientes, aprovechando economías ilegales y vacíos territoriales. La “paz total” terminó siendo una consigna sin resultados.
El ingreso básico universal de $500.000 mensuales quedó convertido en subsidios focalizados, condicionados y de menor cobertura. Programas como Colombia Mayor y Renta Ciudadana mejoraron transferencias, pero no cumplieron ni en monto ni en universalidad lo prometido en campaña. El “ingreso digno” se diluyó en la letra pequeña.
