A seis meses de las elecciones de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro formalizó la inscripción del comité promotor de una Asamblea Nacional Constituyente, reactivando un debate institucional de alto riesgo que muchos ven como una estrategia política para sortear el bloqueo legislativo y tensionar el orden constitucional.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa una de las ideas más controversiales de su mandato: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta vez, la iniciativa dejó de ser solo una amenaza discursiva y dio un paso formal con la inscripción ante la Registraduría Nacional del comité promotor encargado de impulsar el proceso por la vía de la iniciativa ciudadana. El hecho se produce en un momento políticamente sensible, a menos de seis meses de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, y en medio de un desgaste evidente del Ejecutivo frente al Congreso de la República.

La inscripción del comité se realizó con la presencia del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien encabezó el acto junto a un grupo de ciudadanos que fueron registrados como integrantes formales del comité promotor. Entre ellos figuran Armando Custodio Wouriyu Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía. Con este paso, el Gobierno intenta encauzar la iniciativa bajo el ropaje de una supuesta movilización popular, aunque el impulso político y simbólico provenga claramente del Ejecutivo.

Sanguino afirmó que el objetivo sería recolectar “alrededor de 10 millones de apoyos”, una cifra que supera con creces el mínimo exigido por la ley, que corresponde al 5 % del censo electoral, es decir, cerca de dos millones de firmas válidas. El comité contará con un plazo de seis meses para recolectar los respaldos, una vez la Registraduría valide la inscripción, trámite que debe resolverse en un término de ocho días. Según el ministro, la apuesta es que una eventual convocatoria sea tramitada con el nuevo Congreso que se elegirá el 8 de marzo de 2026.

La idea de una Asamblea Constituyente no es nueva en el libreto del presidente Petro. Desde principios de 2024, el mandatario ha recurrido a esta figura cada vez que enfrenta derrotas legislativas o bloqueos políticos en el Congreso. El episodio más reciente ocurrió tras el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, cuando el presidente volvió a amenazar con una constituyente como vía alternativa para imponer cambios estructurales que no han logrado respaldo democrático suficiente.

En ese contexto, Petro afirmó que si el Congreso no aprobaba su reforma, esta se haría “en asamblea constituyente de acuerdo a las firmas ciudadanas y el voto del nuevo congreso”, una declaración que encendió alertas en distintos sectores políticos y jurídicos por el uso instrumental de una figura excepcional para presionar al Legislativo. Aunque la Constitución de 1991 contempla la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el procedimiento está lejos de ser expedito o automático, y contiene múltiples candados institucionales precisamente para evitar abusos de poder.

El primer obstáculo real es el Congreso de la República. Para que una constituyente sea convocada, Senado y Cámara deben aprobar una ley que consulte a la ciudadanía sobre la conveniencia de convocarla. Ese requisito exige mayorías que el Gobierno Petro no ha logrado consolidar durante casi todo su mandato, como lo evidencian las dificultades para aprobar reformas ordinarias. Incluso si el proceso se impulsa como iniciativa popular, el Congreso sigue siendo una instancia inevitable en el trámite.

Superado ese paso —un escenario que hoy parece remoto— la ley debe pasar al control automático de la Corte Constitucional. Dada la magnitud institucional del asunto, la revisión del alto tribunal podría tardar entre cuatro y seis meses, como lo ha explicado la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios. Solo después de un eventual aval de la Corte podría convocarse a los ciudadanos a votar si están o no de acuerdo con la Asamblea Constituyente, un proceso que requiere entre dos y seis meses adicionales por razones logísticas y electorales.

Con ese calendario, los tiempos juegan abiertamente en contra del Gobierno. Incluso en el escenario más optimista para el Ejecutivo, resulta prácticamente imposible que una Asamblea Constituyente se materialice antes de la finalización del mandato de Gustavo Petro en agosto de 2026. Por eso, para muchos analistas, la insistencia del presidente no apunta a un cambio constitucional real, sino a mantener tensionado el debate público, movilizar a su base política y desviar la atención de los fracasos legislativos y de gestión.

El propio procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció recientemente en contra de la necesidad de una constituyente. A comienzos de diciembre, afirmó que “en el momento actual creo que no se necesita una Asamblea Constituyente” y sostuvo que los temas que el Gobierno pretende llevar a ese escenario pueden y deben resolverse en el Congreso, que es el órgano constitucionalmente diseñado para hacer ajustes normativos y reformas legales.

Eljach recordó que la Constitución de 1991 tiene apenas 34 años de vigencia, un periodo relativamente corto frente a las cartas políticas de democracias consolidadas, y advirtió sobre los riesgos de abrir un proceso constituyente sin consensos amplios. Para ilustrarlo, utilizó una metáfora contundente: “una constituyente es como un globo, uno sabe dónde lo suelta, pero no sabe dónde va a caer”. En su intervención, también llamó a los partidos políticos a cumplir su rol institucional y a los ciudadanos a ejercer el voto como principal herramienta de control democrático.

En ese escenario, la reactivación del discurso constituyente por parte del Gobierno Petro parece menos una apuesta jurídica viable y más una estrategia política de alto voltaje. Un globo lanzado al aire en un momento de desgaste, polarización y campaña electoral anticipada, cuyos efectos reales no están en la transformación constitucional, sino en la confrontación política que deja a su paso.

“Una constituyente es como un globo: uno sabe dónde lo suelta, pero no sabe dónde va a caer”, advirtió el procurador general Gregorio Eljach al cuestionar la iniciativa del Gobierno.