La gobernadora del Valle del Cauca acudió nuevamente a la justicia al considerar que el diputado Jonhy Acosta no acató la sentencia de la Corte Constitucional que le ordenaba rectificar y retractarse por publicaciones falsas difundidas en redes sociales.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció la interposición de un incidente de desacato contra el diputado de la Asamblea Departamental, Jonhy Fernando Acosta, al considerar que no ha dado cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que le ordenó realizar una serie de acciones concretas, entre ellas la rectificación y retractación de publicaciones en redes sociales que afectaron su honra y buen nombre.

A través de su apoderada judicial, Gloria Stella Ortiz Delgado, la mandataria presentó una solicitud formal ante el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con el fin de que se inicie el trámite de desacato por el presunto incumplimiento persistente del fallo emitido por la Corte Constitucional el pasado viernes 19 de diciembre. Según la defensa de la gobernadora, el diputado Acosta no solo habría omitido cumplir las órdenes impartidas, sino que continuaría difundiendo información considerada falsa y contraria a la realidad en sus plataformas digitales.

La sentencia de la Corte Constitucional fue clara al amparar los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de Dilian Francisca Toro, específicamente frente a publicaciones realizadas por Jonhy Fernando Acosta el 22 de julio de 2024 en TikTok e Instagram, y el 14 de agosto de 2024 en su cuenta de X. En ese fallo, el alto tribunal ordenó que, en un término máximo de 48 horas, el diputado debía rectificar la información difundida, bajo condiciones precisas y verificables.

Dentro de las órdenes impartidas, la Corte estableció que el asambleísta debía publicar en sus perfiles de TikTok e Instagram un mensaje de rectificación en el que aclarara que, aunque la gobernadora fue investigada por presuntos vínculos con el paramilitarismo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó dicha investigación en 2018. De igual forma, debía precisar que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia precluyó el proceso por lavado de activos el 11 de julio de 2018, al no acreditarse conocimiento ni responsabilidad de la mandataria en los hechos investigados. Estas publicaciones, según la sentencia, debían permanecer visibles hasta alcanzar al menos 40.000 vistas y mantenerse mientras continuara publicada la pieza original del 22 de julio de 2024.

Adicionalmente, el fallo ordenó al diputado Jonhy Acosta publicar un mensaje de retractación en su cuenta de X respecto a la publicación realizada el 14 de agosto de 2024. En dicha retractación debía manifestar expresamente que, para esa fecha, no contaba con información ni soporte alguno que diera certeza sobre la presunta participación de la gobernadora Dilian Francisca Toro en amenazas recibidas a través de redes sociales. La Corte también estableció que esta publicación debía permanecer hasta alcanzar 12.000 vistas y mantenerse visible mientras siguiera publicada la pieza original objeto de controversia.

El fallo de la Corte Constitucional se produjo tras el estudio de dos acciones de tutela interpuestas por la gobernadora. Una de ellas fue dirigida contra el congresista Duvalier Sánchez y el diputado Acosta Villota, por presunta vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, honra, imagen y a una vida libre de violencia, derivada de publicaciones realizadas entre julio de 2023 y septiembre de 2024. En instancias previas, los jueces habían negado el amparo al considerar que se trataba de críticas propias del control político a una funcionaria pública.

No obstante, la Corte Constitucional precisó que si bien la oposición política y el control al poder están protegidos constitucionalmente, esa protección no se extiende a la difusión de información falsa, mentirosa o carente de sustento probatorio. En ese sentido, la apoderada de la gobernadora aseguró que el diputado Acosta continúa desinformando a sus seguidores y revictimizando a la mandataria, pese a existir una orden judicial en firme que le exige corregir y mitigar el daño causado.