La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático presentó una acción de tutela para suspender el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro, al considerar que se trata de un abuso de poder que impone nuevas cargas tributarias sin control constitucional previo.

La declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno de Gustavo Petro sigue desatando una fuerte reacción política y jurídica. Esta vez, la senadora del Centro Democrático y candidata presidencial Paloma Valencia acudió a la acción de tutela como mecanismo urgente para intentar frenar los efectos del decreto, una decisión que fue revelada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien calificó la medida como un abuso contra los ciudadanos.

Según explicó Uribe, la tutela se convirtió en el único recurso jurídico inmediato disponible para intentar detener la aplicación del decreto antes de que la Corte Constitucional asuma formalmente su estudio a partir del próximo 13 de enero. En su criterio, mientras no exista control judicial, el Gobierno estaría aprovechando la emergencia para imponer nuevas cargas económicas a los colombianos sin el debido debate democrático ni los filtros constitucionales correspondientes.

La acción fue presentada de manera conjunta por Paloma Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. En el documento, los demandantes sostienen que la emergencia económica no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución, pues no se basa en hechos sobrevinientes, imprevisibles o extraordinarios. Por el contrario, aseguran que el decreto se apoya en problemas estructurales del país, ampliamente conocidos, que no justifican el uso de una herramienta excepcional que permite gobernar por decreto.

La tutela solicita al juez constitucional ordenar la suspensión inmediata de los efectos del decreto de emergencia económica, al menos hasta que finalice la vacancia judicial y la Corte Constitucional ejerza el control automático que la Carta Política establece para este tipo de medidas. Para los accionantes, permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial previo representa un riesgo grave para los derechos fundamentales, en especial para la estabilidad económica de los ciudadanos.

Adicionalmente, la acción judicial pide que se ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales abstenerse de imponer, recaudar o exigir nuevos impuestos o cargas tributarias derivadas de la emergencia económica. Según el escrito, el Gobierno no puede utilizar una figura excepcional para aumentar la presión fiscal sobre los colombianos sin un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.

La tutela presentada por Paloma Valencia no es un hecho aislado. Se suma a una creciente ofensiva jurídica impulsada por distintos sectores de la oposición. Congresistas como María Fernanda Cabal y Jota Pe Hernández, así como el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, también han promovido acciones legales contra el decreto, argumentando que carece de sustento constitucional y representa una extralimitación del poder presidencial.

En el caso de De la Espriella, su demanda solicita incluso la suspensión provisional de los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional evalúa el fondo del asunto, e incluye un llamado para que los magistrados sesionen de manera extraordinaria durante el receso de fin de año. El objetivo común de estas acciones es impedir que el Gobierno continúe aplicando medidas fiscales bajo una emergencia que, según los demandantes, no cumple los estándares constitucionales y termina trasladando el costo del desorden fiscal al bolsillo de los ciudadanos.