La Cancillería reubicó al embajador (e) de Colombia en Nicaragua mientras avanza una investigación disciplinaria por el uso de recursos oficiales en un evento donde apareció Carlos Ramón González, prófugo por el escándalo de la UNGRD.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que Óscar Iván Muñoz Giraldo, quien se desempeñaba como embajador encargado de Colombia en Nicaragua, fue reubicado temporalmente en otra sede diplomática mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en su contra. La decisión se produjo tras conocerse que el funcionario habría autorizado el uso de recursos de la sede diplomática para la realización de una parranda vallenata en la que apareció Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con la información oficial, Muñoz Giraldo, quien pertenece a la carrera administrativa del servicio exterior y ostentaba el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, solicitó autorización para destinar recursos logísticos de la embajada a la realización del evento denominado “Noche Vallenata Colombiana”, llevado a cabo el pasado 11 de diciembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua. En videos divulgados por W Radio se observa la presencia de Carlos Ramón González disfrutando del evento musical, pese a contar con circular roja y ser requerido por la justicia colombiana.

La Cancillería explicó que la reubicación del funcionario no constituye una sanción disciplinaria, sino una medida administrativa preventiva destinada a evitar cualquier posible interferencia u obstrucción en el proceso investigativo. El Ministerio enfatizó que cualquier eventual suspensión, destitución o desvinculación deberá surtirse conforme al debido proceso establecido en la ley disciplinaria vigente.

“El Ministerio ratifica su plena disposición de colaborar con las autoridades competentes, entregando toda la información y los elementos probatorios necesarios para garantizar una investigación clara, transparente y objetiva frente al señor Muñoz Giraldo y cualquier otro funcionario eventualmente involucrado”, señaló la Cancillería en un comunicado oficial.

El caso generó una fuerte controversia política y diplomática, dado que el evento fue promovido bajo la marca cultural de Colombia y se realizó en un escenario institucional del Estado nicaragüense, mientras el principal invitado visible era un exalto funcionario del Gobierno colombiano que se encuentra prófugo y asilado políticamente en Nicaragua.

Carlos Ramón González es requerido por la justicia colombiana por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD. La Fiscalía General de la Nación lo acusa de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Según el ente acusador, entre septiembre y octubre de 2023, González habría impartido instrucciones directas al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para el pago de sobornos con recursos provenientes de contratos de la entidad.

De acuerdo con la Fiscalía, González habría ordenado la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien actualmente se encuentra bajo medida de aseguramiento. Adicionalmente, se estableció que el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, trasladó 1.000 millones de pesos a Montería, Córdoba, con destino al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, también vinculado judicialmente al caso.

La aparición pública de González en un evento promovido por la embajada colombiana en Nicaragua reavivó las críticas sobre el manejo diplomático del caso y la aparente permisividad institucional frente a un prófugo de alto perfil. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de indagaciones para establecer responsabilidades disciplinarias de funcionarios de la Cancillería que habrían participado directa o indirectamente en la organización del evento.

Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno colombiano reiteró que continuará cooperando con los organismos de control y judiciales, tanto en el ámbito disciplinario como penal, para esclarecer los hechos y determinar si hubo uso indebido de recursos públicos, omisión de deberes funcionales o favorecimiento a una persona requerida por la justicia.