Un documento oficial de la Policía advierte que un asesor de la senadora Isabel Cristina Zuleta trasladó a un testigo clave del secuestro y asesinato del líder minero Jaime Alonso Gallego, generando alertas por posible interferencia en una investigación criminal en Antioquia.

La investigación por el secuestro y asesinato del líder minero y dirigente social Jaime Alonso Gallego Gómez, conocido como “Mongo”, tomó un giro delicado tras revelarse un documento oficial de la Policía Nacional que deja constancia de la intervención directa de un asesor de la senadora Isabel Cristina Zuleta en el manejo de uno de los testigos clave del caso. El hecho se conoce en medio de una cadena de denuncias que señalan a la congresista del Pacto Histórico y a su entorno por presuntas interferencias en operativos y procesos judiciales relacionados con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal en Antioquia.

Gallego Gómez, reconocido líder minero del nordeste antioqueño y militante del movimiento Colombia Humana, fue secuestrado el 3 de marzo de 2025 cuando acudió a una reunión pactada en una vía rural que conecta los municipios de Vegachí y Amalfi. De acuerdo con la investigación, al llegar al punto acordado fue retenido contra su voluntad por hombres armados. En el mismo hecho también fue privado de la libertad el escolta de la Unidad Nacional de Protección que hacía parte de su esquema de seguridad. El sistema de geolocalización del dispositivo de protección emitió su última señal en el sector conocido como Los Chorritos, una zona de difícil acceso.

Durante siete días, el líder social permaneció desaparecido. Su cuerpo fue hallado posteriormente en la vereda El Jabón, zona rural de Vegachí, con múltiples impactos de arma de fuego, confirmando un homicidio con características de ejecución. El crimen causó conmoción en la región, donde “Mongo” era una figura clave en los procesos de mediación entre minería formal, informal y comunidades afectadas por la violencia armada.

El escolta sobreviviente fue entregado a las autoridades en el municipio de Yolombó y trasladado inicialmente a dependencias del Gaula para rendir su testimonio. Sin embargo, el mismo día en que se confirmó el asesinato de Gallego Gómez, ocurrió un episodio que ahora genera fuertes cuestionamientos. Según un documento policial revelado por la revista Semana, el asesor parlamentario Johan Edisson Giraldo Ospina, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Zuleta, utilizó su credencial institucional para trasladar al testigo a la ciudad de Medellín. El registro oficial señala textualmente que “se dejó constancia” de dicho traslado, encabezado por el funcionario del Congreso.

Investigadores del caso advirtieron que, tras ese procedimiento, el testimonio del escolta comenzó a presentar inconsistencias relevantes, lo que obligó a reorientar líneas de investigación. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables del crimen, considerado de alto impacto por tratarse de un homicidio contra un líder social en una zona disputada por estructuras armadas ilegales.

El caso avanzó en junio con la captura de Arlenson González Vanegas, alias “Máximo”, señalado de participar directamente en el asesinato. Según la Fiscalía y la Policía, el capturado pertenece a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, organización que controla corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal en el nordeste antioqueño. El presidente Gustavo Petro confirmó la detención y atribuyó a alias “Máximo” una trayectoria criminal de más de diez años, vinculándolo a homicidios, secuestros, extorsiones y ataques contra firmantes de paz y defensores de derechos humanos desde 2015.

Las revelaciones sobre la actuación del asesor se suman a testimonios de cinco generales en servicio activo y tres en retiro, quienes han señalado presiones políticas para frenar operativos contra estructuras armadas en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi y Medellín. En ese contexto, la presunta manipulación de un testigo clave reaviva los cuestionamientos sobre el uso de la figura de la “paz total” como escudo para interferir en investigaciones judiciales sensibles.