Exsoldados colombianos fueron reclutados, transportados y desplegados como mercenarios en la guerra civil de Sudán mediante una red internacional que conecta Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Libia y Somalia, al servicio de un grupo paramilitar acusado de genocidio.

La guerra civil que desangra a Sudán desde abril de 2023 no solo ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con decenas de miles de muertos y millones de desplazados, sino que también se convirtió en un nuevo destino para mercenarios colombianos reclutados mediante redes privadas que operan bajo la fachada de empresas de seguridad internacional. Lejos de tratarse de casos aislados, la evidencia recopilada por periodistas, organismos internacionales y agencias de inteligencia demuestra la existencia de una estructura organizada, transnacional y sostenida en el tiempo.

Cientos de exsoldados colombianos fueron contactados inicialmente a través de mensajes directos por WhatsApp, Telegram y redes sociales. Los reclutadores buscaban perfiles específicos: militares retirados jóvenes, con experiencia en combate, manejo de explosivos, artillería pesada y, especialmente, operación de drones. A estos hombres se les ofrecían contratos de “seguridad privada” con salarios que oscilaban entre 2.500 y 4.200 dólares mensuales, una cifra muy superior a las pensiones que reciben tras su retiro de las Fuerzas Militares en Colombia.

La promesa inicial era trabajar en Dubái o Abu Dabi protegiendo infraestructura estratégica. Sin embargo, una vez aceptaban la oferta y avanzaban en el proceso, se les informaba que el destino real sería África, sin mayores detalles. A muchos se les aseguró que solo cumplirían labores de reconocimiento o entrenamiento. En ningún momento se les habló abiertamente de una guerra activa ni de la participación directa en combates.

El tránsito internacional confirma el carácter clandestino de la operación. Los mercenarios viajaron primero a Emiratos Árabes Unidos, donde recibieron entrenamientos breves y firmaron contratos de confidencialidad que los obligaban a guardar silencio bajo amenaza de sanciones penales. Desde allí fueron enviados por dos rutas principales: una hacia el este de Libia, territorio controlado por el general Jalifa Haftar, aliado estratégico de Emiratos, y otra hacia la ciudad de Bosaso, en Somalia, donde funciona una base aérea con presencia militar emiratí. Desde ambos puntos partieron convoyes terrestres y vuelos de carga hacia Sudán.

Imágenes satelitales, rastreos de vuelos y testimonios locales confirman el uso constante de aviones Ilyushin IL-76, los mismos modelos identificados en bases militares de Emiratos y Libia. En Bosaso, residentes relataron haber visto grupos de hombres extranjeros, de entre 30 y 40 años, con complexión militar, escoltados hacia zonas restringidas del aeropuerto y embarcados en aviones de carga rumbo al oeste de Sudán.

Una vez en territorio sudanés, los colombianos fueron integrados a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), grupo paramilitar acusado de genocidio en la región de Darfur. Material audiovisual verificado muestra a mercenarios colombianos patrullando ciudades devastadas, circulando por campamentos de desplazados arrasados y participando en operaciones ofensivas. En algunos videos se escucha claramente el acento colombiano mientras recorren ruinas y comentan la destrucción. En otros, se observa a exmilitares entrenando combatientes locales y enseñando el uso de lanzacohetes y fusiles de asalto.

La gravedad de los hechos se agrava con imágenes en las que aparecen menores de edad armados, entrenados por mercenarios extranjeros. Según el gobierno sudanés, al menos 80 colombianos participaron directamente en el asedio de El Fasher, ciudad clave tomada por las FAR en octubre de 2024. De ese grupo, al menos 43 habrían muerto en combate. Muchos cuerpos no han sido repatriados y sus familias en Colombia siguen esperando respuestas.

Las investigaciones apuntan a exoficiales colombianos como articuladores del negocio. En diciembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a un excoronel colombiano, a su esposa y a varias empresas, señalándolos como piezas clave de una red transnacional de mercenarismo. Según Washington, desde septiembre de 2024 cientos de exmilitares colombianos viajaron a Sudán para combatir junto a las FAR, algunos de ellos involucrados en el entrenamiento de menores.

Los contratos de pago revelan que los salarios eran canalizados a través de empresas registradas en Panamá y Emiratos Árabes Unidos, lo que evidencia un entramado financiero diseñado para ocultar responsabilidades y evadir controles internacionales. Emiratos ha negado reiteradamente su participación en el conflicto, pese a informes de la ONU, sanciones estadounidenses y abundante evidencia logística.

Mientras tanto, las familias de los mercenarios muertos enfrentan abandono, silencio y miedo. Varias viudas han denunciado que no han recibido los cuerpos de sus esposos ni han podido cobrar seguros prometidos. Muchas prefieren no hablar públicamente por temor a represalias. La Cancillería colombiana ha reconocido que algunos ciudadanos fueron engañados por redes de trata de personas, pero los hallazgos demuestran que se trata de una operación sistemática y organizada.

En respuesta tardía, el Congreso de Colombia aprobó una ley que prohíbe el mercenarismo, luego de años de denuncias por participación de exmilitares colombianos en conflictos armados en Haití, Afganistán, Ucrania y ahora Sudán. Para decenas de familias, esa ley llegó demasiado tarde: las cenizas de sus muertos ya regresaron al país, mientras las responsabilidades políticas y penales siguen sin resolverse.